La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) requirió al Estado que se tomen las acciones necesarias para que no se adopten, o se deje sin ningún efecto, el proyecto de ley que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del 2002, texto que tiene pendiente su segunda votación en el Pleno del Congreso y que se podría concretar hoy.
La resolución del organismo internacional generó la reacción de voces que criticaron la nueva intromisión a las potestades exclusivas del Congreso de la República.
Una de ellas provino desde el Ejecutivo que no solo mostró su indignación, sino que también buscará emitir un pronunciamiento en rechazo en conjunto con los poderes Legislativo y Judicial.
DETALLES
En un documento de 32 páginas, la Corte-IDH no solo le pidió al Estado peruano que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se de vigencia al proyecto que se encuentra en el Congreso, sino que también que le da como plazo el 9 de agosto para presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento.
Además, la Corte indicó que el Perú tendrá que enviar el informe cada tres meses sobre las medidas que tomen.
Si bien la Corte-IDH pide que se adopten medidas para evitar que el proyecto avance, el Poder Ejecutivo ya había explicado su postura sobre dicho requerimiento.
El 17 de junio se realizó una audiencia pública para escuchar a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes solicitaron medidas provisionales con el objetivo de que la ley no avance más en el Congreso.
En aquella oportunidad, el Estado -representado por dos abogados- consideró que la Corte carece de competencias para otorgar dichas medidas.
“La Corte carece de competencia para conocer el pedido de los representantes que implica una intervención definitiva en un procedimiento de legislación interna a cargo del Congreso”, fue la respuesta del Estado ante la Corte-IDH.
El Estado alegó que si la Corte otorga medidas, eso implicaría una afectación material y definitiva a la independencia que debe gozar la función que ejercen los jueces, porque el caso podría llevar eventualmente al Tribunal Constitucional (TC).
VOCES
La postura de rechazo fue reafirmada ayer desde el Poder Ejecutivo.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo estar absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte.
“De la manera más insólita y sin que exista precedente alguna en la jurisprudencia de esa Corte de dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, afirmó.
El premier afirmó que “resulta intolerable que se haya llamado a los tres poderes del Estado para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente les han sido atribuidas”.
Adrianzén mencionó que el tema fue tratado durante la sesión del Consejo de Ministros que se realizó ayer, oportunidad en la que se le ordenó tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, es decir, con Alejandro Soto (presidente del Congreso) y Javier Arévalo (presidente del Poder Judicial).
“Esto a efecto de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los poderes manifestando el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, apuntó el premier.
Más temprano se pronunció sobre el tema Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, existe un “error técnico” en la resolución que emitió la Corte-IDH, porque su patrocinado ya fue sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Si lo que se pretende cuestionar es el caso Pativilca, hay un hecho claro, la Constitución del año 1993 señala: ‘Nadie puede ser investigado por hechos que al momento como tal no eran delitos’. El indulto humanitario o la nulidad como tal es cosa juzgada y no se puede revertir. En el caso Barrios Altos o La Cantuta, el expresidente ya fue sentenciado. No hay injerencia”, indicó.
Cabe precisar que la resolución que emitió la Corte-IDH sobre el pedido para suspender los avances de la ley del Congreso mencionada lleva por nombre “medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias caso Barrios Altos y caso La Cantuta vs. Perú”.
En diálogo con canal N, la defensa legal de Fujimori Fujimori también señaló que el exmandatario no tiene impedimento para postular en las próximas elecciones 2026.
“La modificación legislativa se dio después de la sentencia, en el 2020, el señor expresidente fue sentenciado en el 2007, confirmado 2009. ¿La ley se aplica de manera retroactiva? Yo utilizo los términos de interpretación de la norma. La norma es clara desde que entra en vigencia”, apuntó.
MÁS
Sobre la resolución de la Corte también se pronunció el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Desde su punto de vista, la Corte-IDH “cayó en un error” porque en su resolución establece que los tres poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial deben tomar medidas para dejar sin efecto el proyecto. Sin embargo, el encargo de dejar sin efecto una ley es el TC, que es un órgano autónomo.
“No es competencia del Ejecutivo anular una ley. Podría (el TC) intervenir, pero se tienen que usar los mecanismos adecuados. Yo creo que la Corte se ha extralimitado en ese afán por tomar una decisión al respecto. Creo que ha caído en un error, eso lo sabe cualquier jurista”, indicó.
En diálogo con la prensa, el legislador mencionó que la Corte también se equivocó al afirmar que los delitos de lesa humanidad han prescrito según la norma que se impulsa desde el Congreso, cuando realmente lo que se ha establecido es la fecha a partir de la cual se van a procesar esos delitos.
“No se está eliminando. Justo la razón de la norma es el principio de la legalidad que además es un derecho humano a la garantía de un debido proceso. No se pude juzgar a una persona por un hecho que en el momento de cometerlo no era delito”, apuntó.
Mientras que Héctor Ventura (Fuerza Popular) consideró que la Corte-IDH estuvo muy sesgado, porque ha tenido un manejo político.
“Creo que aquí no va a beneficiar en nada al Estado peruano”, apuntó.
Por su parte, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) mencionó que hoy pedirá que la Comisión Permanente someta a segunda votación el proyecto de ley.
Si bien el texto está en agenda de la Comisión Permanente podría no ser priorizado.
