Harvey Colchado, diputado de Ahora Nación, rechazó el pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, requerimiento que fue dado a conocer en las últimas horas.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el congresista afirmó que el requerimiento fiscal “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”. Asimismo, sostuvo que se trata de “una acusación con insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.
“Como ciudadano y hoy como diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley no estará nunca por encima de ella”, indicó.
Colchado Huamaní señaló que la denuncia fiscal se hizo pública de manera coincidente con su incorporación a la Comisión de Ética del Congreso.
“Fiel a mis convicciones, no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, sostuvo.
“Quiero recalcar que, mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, gozo de la presunción de inocencia. Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación”, concluyó.
El Ministerio Público solicitó 9 años y 4 meses de prisión contra el diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.
El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), que sostiene que los hechos investigados ocurrieron en 2021, cuando Colchado habría consignado información falsa en un documento público al declarar que tenía una ocupación independiente, pese a que —según la tesis fiscal— continuaba ejerciendo como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El requerimiento fiscal señala que dicha declaración fue incluida en un poder especial otorgado el 30 de abril de 2021 ante una notaría pública.
Dicho documento otorgaba facultades a una tercera persona para administrar, alquilar y realizar otros actos relacionados con un inmueble ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en Comas. Según la Fiscalía, la información consignada no correspondía a la situación laboral real del entonces oficial de la PNP.
