Son 17 los congresistas de la República que, por razones ideológicas, se han convertido en enemigos públicos del proyecto minero Tía María y buscan sabotear su construcción, cuyo inicio está previsto para fines de 2024.
De acuerdo con un informe de investigación recientemente elaborado por el Centro Wiñaq, todos tienen como prioridad oponerse a dicho proyecto y, según analistas consultados por Correo, usan esta bandera ideológica para conseguir réditos políticos.
La postura de dichos legisladores quedó marcada en un pronunciamiento emitido el 4 de julio. Allí se manifestaron públicamente en contra de Tía María sin razones técnicas y solo con motivaciones políticas.
Por ejemplo, citan una consulta ciudadana realizada 15 años atrás, en 2009, en la provincia de Islay, que rechaza el proyecto minero.
Pese a que la obra estuvo paralizada, cuestionan que se intente “imponer” con el aval de diversos gobiernos de turno, que solo “han generado conflictividad, represión y violaciones a los derechos humanos”.
Siempre buscando sacarle provecho a la tragedia, también afirman que hubo muertos por la represión policial y heridos que hasta la fecha no se recuperan y que existe persecución a líderes sociales del Valle de Tambo.
Por otro lado, y sin ningún sustento real, acusan un conflicto de intereses entre el Gobierno y dicho proyecto pues el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, es propietario de la empresa PEVOEX que cuenta con Southern Perú entre sus clientes.
ESTOS SON, AQUÍ ESTÁN
Si bien esos 17 legisladores firmaron el comunicado, habría otro grupo que también se opondría al proyecto.
El Centro Wiñaq estima que serían cerca de 42 el total de legisladores contrarios a Tía María y que pertenecen a la bancada de Perú Libre, y sus satélites, así como de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Así, los enemigos de Tía María son Guillermo Bermejo, Ruth Luque, Susel Paredes, Isabel Cortez, Sigrid Bazán, Hamlet Echeverría, Roberto Sánchez y Víctor Cutipa, todos de Cambio Democrático- Juntos por el Perú.
Además, están Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Alex Flores, de la Bancada Socialista; Elías Varas, de Perú Bicentenario; y Marleny Portero, de Acción Popular.
También los No Agrupados Silvana Robles, Jaime Quito y Wilson Quispe. Margot Palacios, quien aún figura como parte de Perú Libre, pese a haber renunciado, es también parte de la lista.
Por lo pronto, de acuerdo al análisis del Centro Wiñaq, el número de congresistas opositores y que pertenecen a esa región es baja: Tres evitan tomar postura, ellos son Edwin Martinez (Acción Popular), Esdras Medina (Renovación Popular) y Héctor Ventura (Fuerza Popular).
Otros dos como Jaime Quito (No agrupado) y María Aguero (Perú Libre) sí son activistas opositores. Y solo una legisladora, Diana Gonzáles (Avanza País), sostiene una defensa moderada del proyecto.
Los principales opositores son representantes de otras regiones. En dicho trabajo de investigación, se establece que recientemente 7 parlamentarios han radicalizado su protagonismo opositor.
De acuerdo con el informe de Wiñaq, todos ellos tienen a dicho proyecto como prioridad y han ido apoyando “in-situ a los manifestantes en Islay (Arequipa), sin embargo, no han logrado articular con las autoridades locales a diferencia de años atrás”.
El último 12 de julio, durante la Semana de Representación, Víctor Cutipa (Moquegua), Alex Flores (Ayacucho), Hamlet Echeverría (Cajamarca), Sigrid Bazán (Lima), Jaime Quito (Arequipa), Margot Palacios (Ayacucho) y Ruth Luque (Cuzco) se reunieron en el centro deportivo de la Plaza de San Francisco, de Cocachacra (Arequipa) para cuestionar a dicho proyecto en pro de la “preocupación” de la población del Valle del Tambo.
ANÁLISIS
Todos los cuestionamientos al proyecto resultan ser políticos y descontextualizados pues insinúa una aparente contaminación a las fuentes de agua, la cual no existe.
Al respecto, la analista político Daniela Ibáñez y el politólogo Fernando Tincopac indicaron que las aguas no serán contaminadas tal y como lo comprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la actividad minera.
En efecto, Ibáñez de la Puente aseguró que hay legisladores de izquierda que siguen esa narrativa conflictiva de bandera “Agro sí, mina no” asegurando que la actividad minera impactará en la actividad agrícola o en el suministro de agua.
“El EIA comprobó que esto no es cierto porque habrá una represa en el Valle del Tambo para los agricultores”, manifestó.
Agregó que dichos congresistas critican sin sustento un proyecto que prevé generar 9 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción y 5 mil en las siguientes etapas de forma directa e indirecta.
Ibañez sostuvo que se oponen porque para los legisladores se trata de una batalla ideológica y estratégica.
Similar postura tuvo Tincopac. El especialista afirmó que las principales críticas han dejado de ser técnicas y han pasado a ser políticas.
“La oposición al proyecto se da porque apoyar la protesta social de una zona que ha sido históricamente convulsionada puede dar rédito político para elegirse y validarse”, dijo.
Indicó además que entre las conclusiones del informe está que hay una clara reducción de la movilización y una escasa convocatoria para las marchas contra el proyecto. Asimismo, una baja capacidad mediática para fomentar las protestas.
