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Un informe del INEI, elaborado a pedido del Ministerio de Educación sobre las irregularidades del examen docente de los días 13 y 14 de noviembre, reporta que se detectó, antes del examen, 6 casos de falta (ausencia) de “instrumentos de evaluación: un cuadernillo de prueba y cinco fichas de respuesta.
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Estos incidentes tuvieron lugar en seis locales o sedes de evaluación en cinco ciudades capitales de región. Estas son Abancay, Huamanga, Cajamarca, Lambayeque y Huánuco.
El informe Nº 011-2021-INEI/SJE-VASA/WARC , que tiene carácter complementario, lleva las firmas del subjefe del INEI, Víctor Sánchez Aguilar; y de Wálter Romero Castillo, jefe de proyecto.
Como se ha informado, el Minedu, particularmente el despacho del titular, Carlos Gallardo, afronta diversos cuestionamientos por una presunta filtración del cuestionario y respuestas del examen de evaluación que abarcó a unos 250 mil docentes.
Los casos detectados
Los casos de instrumentos de evaluación faltantes ocurrieron en seis locales de cinco capitales de regiones.
Se detectó la falta de una ficha de respuestas en la Universidad Tecnológica de Los Andes (Abancay), otras dos en los colegios San Ramón-Chontapaccha (ciudad de Cajamarca) y Santo Toribio de Mogrovejo (Lambayeque).
Asimismo, en la Universidad Hermilio Valdizán (Huánuco).
En el Colegio San Ramón, de Huamanga, fueron detectados la ausencia de un cuadernillo y una ficha de respuestas.
“La falta de instrumentos no perjudicó la evaluación de ningún docente, puesto que existe el procedimiento de reposición en los protocolos elaborados por el MINEDU”, afirma el informe dirigido al Ministerio de Educación.
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Ni hurto ni robo
En otros términos, según los funcionarios la posible pérdida o eventual sustracción de tales materiales no habría causado ningún perjuicio a ningún postulante ni a la integridad de la evaluación docente.
El reporte indica que no hubo perjuicio alguno para nadie porque “se realizó la reposición del instrumento faltante de acuerdo a los protocolos establecidos por el MINEDU”.
Por último, el informe afirma que las falta de material reportado “no representan hurto ni robo”, por lo cual no se creyó necesario proceder a la denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Nacional.
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