Informe de Fiscalización: El presidente Pedro Castillo podría ser suspendido del cargo ante nueva denuncia

La posibilidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, no pueda ejercer más el cargo debido a las graves acusaciones de corrupción durante su gestión, cada vez es más real.

Y es que el informe final de la Comisión de Fiscalización, aprobado el jueves, que recomienda acusarlo constitucionalmente, abre las puertas a una eventual suspensión, destitución o inhabilitación del mandatario.

COMPLICADO

El informe final del grupo que preside el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata III, injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y Sarratea.

Además, plantea remitir a la Subcomisión la denuncia contra el presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, así como por infracción a los incisos 1, 3, 4 y 8 del artículo 118 de la Constitución.

Fuentes de Fiscalización señalaron a Correo que ya se hicieron las correcciones del texto y que este fue enviado a la Mesa Directiva para que el tema sea agendado en la próxima sesión del Pleno.

Precisamente, el Pleno tiene que aprobar el informe final para tomar acciones. Se necesita la votación de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, 66.

Si se obtiene un resultado positivo, se presentará una denuncia constitucional contra el presidente Castillo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Desde allí, la denuncia seguirá el proceso regular.

Es decir, se tendrá que determinar si procede o no la denuncia, otorgar un plazo para hacer la investigación y la elaboración de un informe final.

Ese documento podrá recomendar archivar la denuncia contra el presidente o recomendar alguna sanción.

De elegir el último camino, el documento deberá ser elevado a la Comisión Permanente para su eventual aprobación.

El siguiente paso es que ese informe sea agendado en el Pleno del Congreso para su votación final.

EXPECTATIVA

Sin embargo, aunque exista un documento que recomiende suspender, inhabilitar o inhabilitar al presidente Pedro Castillo de su cargo, se necesita su aprobación en el Pleno del Congreso en una sesión.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, “la decisión se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”.

Es decir, son 130 congresistas hábiles, pero al restar a los 33 miembros de la Permanente, nos quedan 97 legisladores. Los dos tercios son un total 65 votos.

Así lo precisó José Cevasco, exoficial mayor del Congreso a Correo. “Son 55 votos para una acusación constitucional y 65 votos para la suspensión o destitución”, afirmó.

Lo cierto es que de los 97 votos que se podrían tener hacia una eventual sanción contra el presidente Castillo, hay un grupo de 34 legisladores de izquierda que votará en rojo en respaldo al Gobierno de turno.

Ellos son Perú Libre (10), Bloque Magisterial (10), Perú Democrático (7), Cambio Democrático (4) y Perú Bicentenario (3).

Por lo tanto, solo quedarían 63 votos a favor de un informe, esto siempre y cuando los demás parlamentarios respalden una sanción. Ellos son Fuerza Popular (19), Acción Popular (10), APP (10), Avanza País (7), Renovación Popular (6), Somos Perú (3), Podemos (3) y no agrupados (5).

La figura podría cambiar si es que algunos integrantes del partido del lápiz decidieran cambiar de postura sobre la gestión que realiza Castillo Terrones.

Cabe precisar que para una sanción al mandatario se necesitarán 60 votos, sin embargo, solo serán 50 votos para aprobar una acusación en su contra.

Es decir, para que la autoridad sea acusada por los delitos cometidos durante su gestión.

El antecedente más reciente ocurrió el 27 de abril, cuando con 57 votos (7 más de lo requeridos) se aprobó acusar constitucionalmente por la presunta comisión de delito de falsedad ideológica y otros al excongresista Daniel Salaverry.

El caso debe ser elevado a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las investigaciones.

PENDIENTE

Sobre Castillo existe una denuncia constitucional pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero por traición a la patria al intentar conceder mar a Bolivia por territorio peruano. Su proceso se quedó en la etapa de audiencias, una anterior para concluir la elaboración del informe final del caso.

La última vez que vimos rastros del proceso fue el día 3 de junio del 2022, en la que se indicó que se iba a convocar a testigos del caso. En esa fecha también se visualizó la entrevista que Castillo ofreció al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN.

Desde entonces no hubo información relevante del caso. Sin embargo, intentamos comunicarnos con el congresista Wilson Soto en varias oportunidades para consultarle sobre los hallazgos en su investigación, pero apagó su celular ante las constantes llamadas.

Fuentes al interior de la Subcomisión indicaron a este diario que el caso se encuentra dentro de los plazos establecidos.