Han transcurrido 455 días desde que la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe final que recomienda suspender por 120 días al legislador Raúl Doroteo. Sin embargo, el documento no ha sido puesto en debate y votación en la agenda del pleno del Congreso por diferentes razones.
Uno de los motivos es el receso parlamentario, periodo en el que no sesiona el pleno, sino una Comisión Permanente que no tiene la potestad para ver estos casos.
Ahora que dicho receso acabó, no hay motivo para que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), se niegue a poner en agenda el mencionado caso, así como los informes que recomiendan la suspensión de Darwin Espinoza (Podemos) y María Agüero (Perú Libre).

TIEMPOS
Los informes que recomiendan la suspensión de congresistas por el recorte de sueldo a sus trabajadores, así como por el uso de recursos del Estado para fines propios (ver infografía), fue advertido por Correo con anterioridad.
En reiteradas ocasiones se consultó a través del equipo de prensa del titular del Parlamento si daría o no prioridad a estos temas. Sin embargo, nunca se ha obtenido respuesta.
Es importante que los documentos sean puestos a debate y votación, de lo contrario, si termina la legislatura sin que sean vistos, tres padres de la patria serían salvados de una eventual sanción y descuento de sus haberes.

SANCIONES
Sin duda el caso que más llama la atención es el de Raúl Doroteo, exacciopulista.
En marzo de 2024, es decir, hace dos años, se reveló que le recortaba el sueldo a la mitad a su trabajadora María Morales Gutiérrez.
Y a pesar de que ya existe un informe que recomienda suspenderlo por cuatro meses sin goce de haber, su caso no ha sido priorizado en el pleno.
Otra legisladora que debe responder por un caso de “mochasueldos” es María Agüero de Perú Libre. En agosto de 2024, un extrabajador de la izquierdista la denunció por recortarle el 10% de sueldos y bonos. Los cobros se habrían hecho a través de César De la Cruz Canales, su entonces asesor de confianza.
Sobre ella también pesa un informe que recomienda suspenderla cuatro meses sin goce de haber. Sin embargo, su caso tampoco parece ser prioridad del Congreso.
Finalmente está el caso de Darwin Espinoza, quien usó bienes y personal de su despacho para buscar firmas para lograr inscribir su movimiento regional Adelante Áncash.
Sobre él pesa un informe que recomienda su suspensión por dos meses, pero hasta la fecha tampoco se ha puesto en debate. Los dos últimos casos llaman más la atención, pues ambos padres van a la reelección, en un intento por mantener sus curules.






