A pesar de escuchar los alegatos de defensa, la Comisión Permanente ratificó la postura de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de inhabilitar por 10 años a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por forzar la permanencia de Inés Tello en la institución, aun cuando su edad lo impedía. El caso ahora pasará a manos del pleno.
Fueron principalmente los votos del Bloque Democrático los que propiciaron la aprobación del informe que presentó días atrás Esdras Medina (Unidad y Diálogo), el ponente que se encargó de investigar en estos meses a la Junta por vulnerar los artículos 139 y 156 de la Constitución.
Como adelantó este Diario, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y un sector de Acción Popular votaron en coro a favor del informe acusatorio. En tanto, Podemos Perú, Cambio Democrático y parte del Bloque Magisterial se opusieron y otros votaron en abstención.
Todos ellos deliberaron en esa postura cuando se sometió al voto la inhabilitación por cada consejero.
La primera mencionada por el relator del Parlamento fue Imelda Tumialán. Ella recibió el castigo político de 21 legisladores que votaron a favor de su inhabilitación mientras que tres votaron en contra y otros tres se abstuvieron (ver infografía).
El segundo llamado fue Aldo Vásquez, el vicepresidente de la Junta. El magistrado fue inhabilitado -en penúltima instancia- por 18 parlamentarios, aunque siete lo apoyaron al oponerse al informe y solo uno votó en abstención.
Sobre Henry Ávila la historia no cambió. Pese a su renuncia de la institución, 18 congresistas votaron para que se aleje de la función pública, otros cuatro se opusieron y otros dos apretaron el botón amarillo.
En el caso de Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, 20 padres de la patria pidieron que sea inhabilitado. En cambio, otros siete no opinaron lo mismo.
Casi al final los legisladores votaron por separado sobre la inhabilitación de María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, y en los tres casos el resultado se repitió: 19 a favor, seis en contra y cero abstenciones.
ALEGATOS.
La defensa de la Junta Nacional de Justicia comenzó con la ponencia de Samuel Abad. Él acudió junto a Vásquez, De la Haza y Omar Cairo, defensa legal de Inés Tello.
Al inicio de su intervención, Abad aseguró que el Congreso no podía destituir a todos los integrantes la Junta por “no compartir su criterio interpretativo” en el caso de la edad de Inés Tello, y que una eventual inhabilitación de los consejeros solo traería como consecuencia que la JNJ no pueda operar porque tres de los integrantes superan los 75 años.
En todo el momento de su defensa, el letrado argumentó que desde los inicios de la Junta siempre se sostuvo que el tema de la edad era para acceder al cargo y no para mantenerse en ella y, para reforzar su idea, mostró algunos vídeos donde aparece el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez tomando juramento por un periodo de cinco años a Tello.
“En ese momento la interpretación era que iba a ejercer el cargo por el periodo 2020 al 2025. Entonces, si alguien cuestiona a la interpretación, tendrían que cuestionar a los integrantes de la Comisión Especial que en ese momento le tomaron juramento por cinco años”, arguyó.
A su turno, Omar Cairo intervino poniendo ejemplos de cómo funciona un juicio político en otros países. Su propósito era minimizar las bases legales o constitucionales del informe de Esdras Medina. Agregó que en el juicio político la Permanente es jurado de acusación y el pleno es jurado de enjuiciamiento. “Yo vengo a intentar persuadirlos de que esto no tiene soporte y que ustedes tendrían que archivar esta acusación y por lo tanto mandarla al olvido y abocarse a temas importantes”, dijo.
Añadió que Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional y exintegrante de la Comisión Especial para elegir a consejeros de la JNJ, ya ha respaldado esa versión de que Tello debería quedarse por cinco años, como le correspondería según su criterio, en la Junta.
“El señor Blume, nutrido por la sabiduría constitucional que le permitió acceder a la presidencia del TC, dijo claramente: Señora Tello usted está postulando con 74 años, y si es nombrada no será nombrada por ocho meses”, afirmó.
En otro momento explicó que su patrocinada no podría salir del cargo ni por renuncia porque no estaba obligada, dado a que no se le inició un proceso de vacancia, y porque no se le podía iniciar una.
Tras salir de la sesión, Vásquez absolvió algunas consultas de la prensa pero principalmente a una que formuló Correo sobre si optaría por una vía legal, como lo hizo en el pasado, a lo que contestó que no descartaba interponer una medida legal para frenar el proceso de la inhabilitación.
“Nosotros evaluamos permanentemente los contextos y los escenarios más adecuados para poder ejercer nuestro derecho a la defensa, ya contamos con una medida cautelar y una sentencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima”, contestó.
Advertido del tema, el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) manifestó que en cualquier caso una eventual medida planteada por la Junta no procedería porque las competencias del Congreso son exclusivas y excluyentes.
No obstante, no respondió con certeza si interpondrían alguna acción de competencia.
POSTURAS POLÍTICAS
Uno de los primero en cuestionar a la Junta, fue Jorge Montoya. El legislador indicó que en afán de aferrarse a su cargo se han enfrentado con el Congreso de la República.
“Hemos asistido a premeditados actos de abuso de poder donde aprovechando sus influencias en la judicatura, la JNJ consiguió dudosas medidas cautelares a la norma fundamental del estado”, criticó.
Agregó que dicha institución desató una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria donde especialmente “el señor Vásquez con la complacencia de algunos medios ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible”.
Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, indicó que la Junta hizo una maliciosa interpretación de un tema objetivo recurriendo a una entidad administrativa como Servir cuando lo más lógico o real es acudir a hacer las consultas a las instituciones como el Congreso o como el TC que son los responsables de emitir alguna opinión o duda sobre la Constitución.
“Ellos son responsables absolutamente todos porque han tomado la decisión (de mantener a Tello en el cargo) por unanimidad”, refirió.
Patricia Juárez, de Fuerza Popular, indicó que su bancada espera que el pleno confirme la postura que tuvo la Permanente sobre la Junta. Su compañero Aguinaga dijo esperar que ni bien se reinicie la legislatura el tema sea visto con prontitud.
De otro lado, Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó a los integrantes de la Junta por argumentar que existiría un eventual peligro en caso sufra la inhabilitación de parte del Parlamento.
“No me parece un argumento decir que no se les puede sancionar solo porque va a quedar un vacío en la Junta Nacional de Justicia. Si hay que ir a una reorganización total de la junta, se tendrá que ir. Pienso que verse lo más pronto posible. Hemos venido dilatando por muchos meses este tema, creo que en el Consejo Directivo y en el pleno más próximo debería verse el tema”, criticó.
En otro momento afirmó que le parece prudente pensar actualmente en una eventual “reorganización” total de la Junta Nacional de Justicia. “Desde el primer momento fue mal concebida”, acotó.
