El trabajo de la Contraloría General de la República frente a la lucha contra la corrupción está en riesgo ante lo denunciado el último lunes por el contralor Nelson Shack: El proyecto del Congreso para disminuir de hasta el 2% a hasta el 0.5% el presupuesto para control concurrente de cada licitación.

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Pero, ¿qué es el control concurrente? Pues nada menos que la estrategia a la que apela el entre de control para supervisar todas las fases del proceso conforme este se ejecuta con el fin de evitar que exista corrupción.

Hasta antes de la norma del Ejecutivo, el presupuesto planteado era de hasta el 2% del total de la obra.

Ahora la propuesta, ya convertida en dictamen, busca -en su novena disposición- que se reduzca hasta el 0.5% .

La iniciativa ha sido insertada en la ley No. 8363, que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociado a la reactivación económica.

Fue enviada al Congreso el 10 de julio pasado y aprobada en tiempo récord, al día siguiente, en la Comisión de Presupuesto, que dirige José Jerí (Somos Perú).

ARGUMENTOS. Según el premier Gustavo Adrianzén, no se justifica dicho financiamiento porque “el proceso de reforma integral” en la Contraloría se hizo hace años y en sus inicios demandó un mayor presupuesto, pero ya no es así.

La iniciativa busca modificar el artículo 2 de la Ley No. 31358, la cual establece medidas para la expansión del control concurrente.

Cuando esta última norma entró en vigencia, en noviembre de 2021, es decir durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, se estableció que el financiamiento sería de “hasta el 2%”.

¿Quién tiene la razón en este tira y afloja? Pues de lo que no hay duda es de la secuencia de hechos.

El 1 de este mes, la entidad que dirige Nelson Shack informó a la presidenta Dina Boluarte que era investigada por un aparente desbalance patrimonial a partir del Caso Rolex.

“Se ha detectado una serie de omisiones (...). Se detectó que la presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero nacional”, declaró el lunes sobre el tema Shack a RPP.

Sin embargo, denunció que diez días después de esa comunicación, el Poder Ejecutivo presentó el mencionado proyecto que atenta contra la Contraloría y en aparente represalia.

DISTANCIA. La Contraloría ha cuestionado el fondo del proyecto por tratarse de un riesgo para la institución.

“La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales de control”, aseguró en un comunicado.

Según su análisis, no cuestionan las medidas presupuestales que permitirán la reactivación económica sino que la iniciativa esconde propósitos que hacen retroceder los esfuerzos para enfrentar la corrupción en el gasto público.

Fuentes de la Contraloría señalaron a Correo que la referida propuesta va a impactar directamente en el financiamiento proyectado para garantizar la sostenibilidad de los servicios de control que por su naturaleza son integrales articulados y selectivos a lo largo del horizonte de inversión.

Asimismo, señalan que el Poder Ejecutivo no ha dado a conocer ningún estudio o análisis técnico que justifique la reducción del presupuesto.

La propuesta pone en riesgo

la reforma del Sistema Nacional de Control, que busca la incorporación de 691 Órganos de Control Institucional, es decir, que los auditores que realizan control en los ministerios ya no estén en la planilla del Gobierno, como hasta ahora, y pasen a depender exclusivamente de la CGR.

La idea es dar autonomía al control porque ya no podrán ser objeto de presiones del ente controlado.

Para la Contraloría, se pasará de las 56 mil intervenciones de control realizadas en el 2023, a solo 14 mil en promedio.

“La cobertura del control que hoy es de 67% del aparato estatal, pasaría a un 27%, como era en 2017. En consecuencia, se afectará la operatividad de la CGR”, enfatizan.

razones. Entre tanto, ayer, el premier Gustavo Adrianzén manifestó que el monto que recibe la Contraloría es “exagerado”, astronómico y millonario.

Afirmó que dicho porcentaje del 2% fue concebido en el marco de un proceso de reforma integral de la Contraloría, el cual ya concluyó.

“Este 2% fue concebido en el marco de un proceso de reforma integral de la Contraloría. Ese proceso, por anuncio de la propia Contraloría, ya había terminado. Es decir, se había logrado el objetivo previsto. Ya no era, en consecuencia, necesario seguir teniendo ese 2%”, explicó.

El primer ministro opinó que no existe el más mínimo ápice de voluntad de que “no se realice el control concurrente o que se limite el control de la Contraloría”.

“Creo que esto tiene que ver con una inaceptable reacción de la Contraloría en mérito a la presentación que ha hecho la presidenta (Dina Boluarte) del nuevo candidato a contralor. Es insólito que se haga esta propuesta y que inmediatamente quienes todavía estén en el cargo, reaccionen”, agregó.

Insistió en que la cifra de financiamiento significa un esfuerzo de los contratistas y del propio Estado, pero que hoy no tiene más sentido.

Según Adrianzén, no se le quitó el íntegro de ese presupuesto a la Contraloría sino que se le redujo “al monto suficiente y necesario para darle mantenimiento a la reforma”.

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