El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) saludó la aprobación de una norma que endurece las sanciones contra quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares y otros equipos de comunicación a los establecimientos penitenciarios del país. De acuerdo con la propuesta aprobada por el Congreso, las penas podrán alcanzar hasta los 15 años de prisión en determinados casos.
La medida forma parte de una serie de modificaciones al Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688. El objetivo es fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada que opera desde cárceles y centros juveniles, además de reforzar los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario.
¿Cuáles serán las sanciones?
La norma incorpora nuevas sanciones para quienes introduzcan o intenten introducir teléfonos celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o dispositivos fotográficos en los penales. Asimismo, alcanza a las personas que colaboren o faciliten el ingreso de estos objetos prohibidos.
Las penas serán más severas cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos. En esos casos, la condena podrá llegar hasta los 15 años de cárcel, según lo aprobado por el Parlamento.
El presidente del INPE, Raúl Inga Garay, consideró que estas modificaciones fortalecerán las acciones que la institución desarrolla para mejorar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Asimismo, sostuvo que las medidas contribuirán a reforzar la lucha contra la corrupción dentro del sistema.
“Estas iniciativas fortalecerán el trabajo que venimos haciendo desde el INPE, en la seguridad interna y externa de los penales a nivel nacional, así como la lucha anticorrupción”, indicó.
Refuerzan controles contra la corrupción
El INPE señaló que también viene fortaleciendo las áreas encargadas de investigar posibles irregularidades dentro de la institución. Entre ellas se encuentran Asuntos Internos y el Tribunal Disciplinario, que tienen la tarea de detectar y sancionar conductas contrarias a la función pública.
La entidad indicó que continuará aplicando medidas para identificar a servidores o funcionarios involucrados en actos de corrupción. En esos casos, se impulsarán las denuncias correspondientes y los procedimientos para su separación de la institución.
“No queremos malos elementos que manchen el uniforme del INPE, los casos de corrupción serán denunciados y destituidos como corresponde”, expresó.
Buscan reforzar la seguridad en cárceles y centros juveniles
El titular del INPE sostuvo que las reformas aprobadas por el Congreso fortalecerán las acciones orientadas a mejorar la seguridad penitenciaria y el principio de autoridad en los centros de reclusión. Estas medidas forman parte de los lineamientos impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el propio INPE.
Según la institución, el objetivo es reducir las posibilidades de que organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Para ello, se busca limitar el ingreso de herramientas que puedan ser utilizadas para coordinar actividades ilícitas.
