El Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) mostró su rechazo a la disposición de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar contra tres periodistas por presunto tráfico ilegal de datos personales y pertenencia a una organización criminal.
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Cabe precisar que la investigación se fundamenta en una denuncia planteada por Zamir Villaverde, investigado por delitos como usurpación. Los periodistas investigados son Rosana Cueva y Eduardo Quispe de América Televisión, así como del periodista independiente, Beto Ortiz.
A los mencionados hombres de prensa se les acusa de supuestamente haber realizado pagos a la colaboradora eficaz Karelim López, quien supuestamente les habría proporcionado acceso a una fuente que originó la denuncia.
La acusación se basa únicamente en la declaración de una sola persona. La investigación involucra a otras 24 personas, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, el ex premier Alberto Otárola, congresistas, fiscales, policías, entre otros.
Se les acusa de haber controlado el poder político, aunque la investigación se extiende a periodistas que, en ejercicio de su labor, están siendo implicados en delitos graves sin pruebas suficientes.
El IPYS indica que aunque los periodistas pueden ser investigados por cualquier delito y querellados por quienes se sienten afectados en su honor, los estándares internacionales exigen que las decisiones fiscales y judiciales que se adopten al respecto deben estar especialmente motivadas, a fin de evitar que se afecte su labor informativa y la protección de sus fuentes, así como la autocensura.
“Estas precauciones existen para evitar lo que ha sucedido con la disposición fiscal que rechazamos: el uso del Ministerio Público para que un personaje con antecedentes delictivos e investigado por la justicia por hechos graves, logre que sean perseguidos judicialmente periodistas que lo criticaron”, se lee.
Se subraya que la implicación es grave porque, a partir de la imputación por crimen organizado, el Ministerio Público puede obtener medidas de incautación, levantamiento de las comunicaciones, y otras disposiciones restrictivas, que están destinadas a imputados de alta peligrosidad social.
“La supuesta versión contra los periodistas no está acompañada del más mínimo escrutinio y la trama que encuadra la disposición de inicio de investigación carece de verosimilitud. Los periodistas, que entre sí tienen lineamientos y estilos distintos, estarían confabulados en una conspiración política que los hechos públicos contradicen”, se asevera.
El IPYS solicita que el Ministerio Público se abstenga de requerir medidas que afecten la libertad de información y la reserva de las fuentes de los periodistas afectados, y que los excluya a la brevedad posible de las imputaciones denunciadas.
“Reiteramos que los pronunciamientos del IPYS se fundamentan exclusivamente en la defensa de los espacios informativos de la prensa, sin distingo de la línea editorial y sin perjuicio del debate ético que se pueda plantear en relación con los medios, de las cuales estos deben responder ante su público”, agrega.
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