Más sombras se ciñen sobre el presidente José Jerí. Nuevas declaraciones develarían su estrecha relación con el jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar, y su aparente interés por mantenerlo en dicho cargo.
Actualmente, la ATU tiene a su cargo el proceso de compra de ocho mil cámaras de videovigilancia, para lo que se tiene un presupuesto de S/112 millones. La versión que ha trascendido es que estos equipos buscan ser importados por el empresario chino Zhihua Yang, mediante su empresa America Capón SAC, hoy célebre tras reunirse en un chifa con Jerí Oré.
El pasado vuelve
No obstante, el actual jefe de la ATU, pieza clave en una trama que hoy empieza a develarse, reúne sus propios cuestionamientos. Su gestión al interior de la entidad se divide en dos periodos: de setiembre de 2024 a julio de 2025, y de noviembre de 2025 hasta la actualidad.
Fue su primera y única salida del cargo lo que suscita interés. El exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, ha detallado que gestionó el retiro de Hernández en julio del 2025 debido a que este tenía “fuertes indicios de corrupción”, denunciados por la Contraloría, sobre un proyecto público.
El proyecto trata de la elaboración de un expediente técnico y la construcción del nuevo complejo de adiestramiento canino de la Dirandro, de la Policía Nacional (PNP), que debían ser reubicados al distrito de Santa Rosa debido a que obstaculizaban la ejecución del patio taller “Bocanegra” de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.
Hernández ha negado que haya sido separado por esa razón y remarcado a Canal N que “renunció” al puesto. Esto debido a las discrepancias técnicas con Sandoval sobre el proyecto del Tren Lima-Chosica.
Un detalle importante, sin embargo, es que el liderazgo de la ATU es un cargo de confianza; es decir, queda a discrecionalidad del titular del MTC designar o remover, vía solicitud de renuncia, a dicho funcionario.
Factor Jerí
Sandoval asegura que, “dos o tres meses antes de la vacancia (a Dina Boluarte), llamó el premier Eduardo Arana” para comentarle que José Jerí, entonces legislador de Somos Perú “a punto de ser presidente del Congreso”, lo había contactado telefónicamente “porque se ha enterado que va a remover al Sr. Hernández”.
“Tengo documentos de la Contraloría y hay una serie de denuncias fiscales en contra de este señor. No me inspira confianza, mas aún si ha pagado una obra (…) con cartas fianzas falsas (presentadas por la empresa). No lo puedo sostener ni un minuto”, refirió Sandoval a Arana, según declaró el exMTC al programa “Beto a Saber”.
Sandoval agrega que, posterior a ello, llamó a Jerí. Este le habría dicho que Hernández “es un buen profesional y no merece que lo traten de esa manera”. Tras comunicarle lo mismo que al premier, agrega, se produjo la renuncia de Hernández.
Su reemplazo, Jaime Romero Bonilla, solo duraría tres meses en el cargo. El 1 de noviembre, Hernández Salazar regresaría al cargo ya con Jerí como presidente de la República.
En detalle
Este Diario revisó el informe emitido por la Contraloría General, al que hace alusión Sandoval Pozo, emitido en abril del 2025. El documento es tajante sobre las irregularidades plagadas a lo largo del proyecto para la reubicación del complejo de adiestramiento canino de la Dirandro (PNP).
Sobre la obra en mención, se señala que “el plazo de ejecución de la obra fue de 120 días calendario: 30 días para elaboración del expediente técnico y 90 días para la ejecución de obra”.
“Iniciándose la ejecución de obra el 23 de enero del 2024, el término de ejecución estaba programado para el 21 de mayo de 2024”, se indica.
Si bien Hernández ha sostenido que el consorcio Arqcivil no obtuvo dicho contrato durante su gestión, una tercera adenda con la que se decidió inyectar más dinero al proyecto y extender el plazo de entrega –sobre la que hace mayor énfasis la Contraloría–, sí se concretó en su periodo.
El contrato se firmó en noviembre de 2023 por S/8 615 021. Sin embargo, la adenda n° 2, del 27 marzo de 2024, autorizó un desembolso extra de S/4 986, 905.66 y el monto total ascendió a S/13 601 927. Además, se extendió la entrega al 10 de julio del 2024.
Lo más llamativo vendría después. A pesar de que el avance de la obra solo era de un 38.69%, y se tenía un retraso de 107 días, el 27 de noviembre del 2024, la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias (SAPLI), ya con Hernández de regreso en la ATU, “sustentó y recomendó la modificación convencional del monto y plazo contractual”.
Así se firmó la Adenda n° 3. En la fecha señalada, se destinan otros S/5 898, 072.45, incrementándose el monto final a S/19 500 000 y, una vez más, el Consorcio Arqcivil obtiene una extensión de plazo de entrega. Esta vez, para el 31 de marzo de 2025.
Dicha adenda “no contaba con un expediente técnico con opinión favorable o conformidad” del equipo de supervisión. La comisión de control también “advirtió que el contratista no cumplió con amortizar S/11 167 177, recibidos como parte de los adelantos, pese a que la adenda n.° 3” tenía la citada fecha límite.
Más sorpresas
Tras analizar el desarrollo de la obra, así como el desempeño del consorcio y la institución contratante, la Contraloría evidenció que la ATU “pagó S/13 315 631 por conceptos de adelanto directo y de materiales” al Consorcio Arqcivil, por una obra que debió culminar en su última extensión de plazo –31 de marzo del 2025–, y pese a que la empresa en mención “presentó 5 cartas fianza y 1 de fiel cumplimiento que resultaron falsas”.
El 11 de marzo del 2025, la Unidad de Tesorería de la ATU solicitó a Citibank Perú S.A., que aparentemente respaldaba las cartas fianza, confirmar la autenticidad de una de ellas por un valor de S/1 003 832.31. La entidad respondió que no emitió el documento y que el correo electrónico adjuntado por el consorcio a la ATU, sobre el que también se consultó, no era verídico.
Un día después, se corroboró lo mismo con otras cuatro cartas fianza y 1 de fiel cumplimiento. “No fueron emitidas por Citibank Perú”, respondió la entidad bancaria. La citada documentación reunía un monto de S/14 889 873.
La Contraloría remarcó que las cartas fianza también contaban con “códigos QR que redirigen a una página web ajena a los canales oficiales del banco”.
Esta página web “habría sido diseñada para aparentar autenticidad”, apuntó. La página web falsa, además, fue creada el 24 de julio del 2023, cuatro meses antes de la suscripción del contrato.
“Estos hechos no solo vulneran principios de legalidad y buena fe contractual, sino que podrían enmarcarse en conductas tipificadas penalmente”, indica el informe de control.
