El proceso que sigue el Congreso para destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) avanza.
Luz Inés Tello, Imelda tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry, podrían dejar sus cargos muy pronto.
Y es que ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que plantea acusar a los magistrados por infracción constitucional e inhabilitarlos por 10 años para ejercer cargos públicos.
El motivo: Los magistrados permitieron la permanencia de Inés Tello en la institución a pesar de tener más de 75 años, edad límite para ser miembro de la JNJ.
Cabe precisar que el documento tendrá que ser votado en la Comisión Permanente y en el Pleno para su aprobación final.
DETALLE
Antes de que el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) inicie con la sustentación del informe final ante la Subcomisión, respondió a un pedido de recusación que presentó la JNJ.
La institución pidió que el legislador sea apartado del procedimiento por supuestamente haber adelantado opinión en contra de la Junta.
Sin embargo, Medina respondió la figura de un congresista delegado no se asemeja a la actuación que tiene un juez en un proceso.
Posteriormente, Medina se encargó de sustentar el informe final que recomienda acusar a los siete integrantes de la JNJ por infracción a la Constitución.
Durante la sustentación, Medina explicó que la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la JNJ precisaron en una audiencia pública que la edad límite para ingresar o mantenerse como magistrado es de 75 años.
Además, se mostraron videos de la presentación del expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaros, quien señaló que durante el proceso de selección dio cuenta que Inés Tello tenía 74 años, por lo tanto, según su interpretación debía renunciar cuando cumpliera 75 años.
Antes de someter a votación el documento final hubo un breve debate.
El congresista Edgard Reymundo Mercado (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) fue el primer en tomar la palabra.
“Los partidos políticos obviamente que tienen interés, hay interés de todos sin excepción, incluido el que habla”, afirmó.
Desde su punto de vista, lo que está en juego no es la permanencia de los magistrados de la JNJ, sino el control de la institución.
En un sentido similar se pronunció José María Balcázar (Perú Bicentenario), quien calificó el informe como “la punta del iceberg”, cuyo trasfondo real es la lucha política.
Por el contrario, José Cueto de Renovación Popular mostró su preocupación porque una institución como la JNJ tenga la posibilidad de interpretar la Constitución.
“Para mí el tema es claro, la Constitución dice que para ser miembro mientras se estén ejerciendo funciones, uno tiene que tener entre 45 y 75 años”, precisó.
Agregó que si ese aspecto no se encuentra establecido en la Ley Orgánica de la JNJ, entonces deberá añadirse.
Mientras que Patricia Juárez (Fuerza Popular) aseguró que la denuncia fue clara y que se cumplieron todos los requisitos.
“Nos encontramos frente a una denuncia constitucional que nos toca analizar, debatir y evaluar la pertinencia o no del informe”, dijo.
Finalmente, el informe fue aprobado con 14 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones (ver infografía).
Las bancadas que respaldaron el informe pertenecen a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Libre y Alianza para el Progreso.
En contra votaron los grupos de Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Podemos. Solo el Bloque Magisterial votó en abstención.
El informe final será remitido a la Comisión Permanente para fijar una fecha de audiencia en la que estarán citados los siete magistrados de la JNJ con sus respectivos abogados. En ese grupo se votará el informe otra vez.
Finalmente, el documento será puesto a debate en una sesión del Pleno.
Según el Reglamento, para los informes de la SAC se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Parlamento, es decir, 66 votos.
Sin embargo, los legisladores miembros de la Permanente que votaron en ese caso, no podrán hacerlo en el Pleno.
VERSIONES
Tras la aprobación del informe, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, descartó estar a favor o en contra de los magistrados.
Desde su punto de vista, las decisiones que se toman en el grupo que ella preside se basan en hechos concretos y objetivos.
“Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de los miembros de la JNJ, yo dirijo un procedimiento con arreglo a ley, a la Constitución, al reglamento. Voy a defender siempre el trabajo que se hace dentro de la subcomisión y no voy a permitir que se pretenda indicar que tomamos decisiones subjetivas”, afirmó.
En diálogo con RPP, aseguró que el grupo de trabajo no cometió ninguna irregularidad en el procedimiento.
La apepista recordó que el caso pasará a la Comisión Permanente para que cite a una sesión en la cual serán convocados los magistrados con sus abogados para ejercer su derecho a la defensa.
“En el proceso que hemos seguido, nosotros hemos tratado de ser muy limpios, muy con arreglo al Reglamento (del Congreso), muy con arreglo a la Constitución. Repito, ha sido un proceso objetivo, con respeto a la Constitución y sobre todo con el derecho que tienen ellos a su debido proceso”, apuntó.
Horas antes, el vicepresidente de la JNJ Aldo Vásquez cuestionó el sentido del informe final.
El magistrado explicó que la Ley Orgánica de la JNJ establece hasta 37 causales para el cese o la vacancia de los miembros, pero que ninguna está vinculada a la edad.
“Es decir, la tesis que busca nuestra inhabilitación por 10 años, es decir nuestra muerte civil, la tesis que subyace es que nosotros deberíamos haber removido, vacado a la magistrada Inés Tello cuando cumplió 75 años, aun sin tener un mandato legal para poder hacerlo”, sostuvo.
Consultado por la eventual aprobación del informe, adelantó que así como se han defendido en el escenario mediático, parlamentario, internacional, judicial, entre otros, lo seguirán haciendo en caso se concrete el informe en el Pleno.
DESCARGOS
Un poco después de la aprobación del informe en la Subcomisión, la JNJ emitió un comunicado con declaraciones de su presidente Antonio de la Haza Barrantes.
“La JNJ no actúa bajo criterios políticos, ni busca la politización de la justicia, sino que ha actuado y seguirá haciéndolo bajo los principios y valores de rectitud, probidad e integridad”, enfatizó.
El pronunciamiento del presidente de la JNJ se dio durante la ceremonia de juramentación de 18 fiscales y un juez, evento en el participó el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
“La JNJ contribuirá a la libertad, la democracia y el desarrollo económico de nuestro país a través de la mejora de la administración de justicia”, agregó el magistrado.
