La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender temporalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha generado un nuevo debate público.
Sin embargo, expertos en derecho penal consultados por Correo coincidieron en cuestionar la sanción.
Como se recuerda, Benavides es sindicada como la presunta líder de una organización criminal por la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
De acuerdo con la investigación, la suspendida fiscal de la Nación habría ofrecido, mediante sus asesores, librar a los congresistas de sus procesos judiciales a cambio de votos en temas vinculados a la JNJ, la elección del defensor del Pueblo y la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
SIN PROCESO
Para Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la suspensión de Benavides no siguió el debido proceso, porque la Ley Orgánica de la JNJ establece que para que una suspensión suceda, se debe convocar a una audiencia.
Será durante esa sesión que la persona investigada conozca del proceso, las imputaciones que se le hacen, cuál es la sanción que se le podría dictar, por qué se pide una sanción en su contra y escuchar sus descargos.
“Ellos (la JNJ) sostienen que el reglamento les permite hacer un proceso inmediato y haber procedido como lo han hecho, pero ese reglamento no puede modificar la Ley Orgánica”, indicó.
Desde su punto de vista, la JNJ no debió ceñirse a su reglamento, sino a que lo dice su Ley Orgánica.
“Si la ley dice que se convoca a una audiencia y no existe investigación, eso es una violación al debido proceso”, manifestó.
En diálogo con Correo, precisó que violar el debido proceso, constituye un delito de incumplimiento de funciones, algo que está establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
En ese sentido, afirmó que la fiscal Benavides podría denunciar a los magistrados por incumplimiento de sus funciones.
En una posición similar se pronunció el penalista Luis Lamas Puccio, quien calificó de “decisión arbitraria” la sanción contra Benavides.
“Es una sanción sin mayores fundamentos porque la fiscal ni siquiera estuvo investigada, sino sus asesores, a ella la tiene que investigar una Fiscalía Superior (Junta de Fiscales Supremos)”, dijo.
El letrado consideró que la sindicación como líder de una presunta red criminal solo son conjeturas, porque el caso debe ser investigado.
“Creo que (suspenderla) es una decisión arbitraria, abusiva por parte de la JNJ, no hay base legal”, dijo.
“La investigación a la fiscal Benavides es una atribución que le corresponde a la Fiscalía Suprema, ella está amparada en el antejuicio. Entonces, no la pueden haber suspendido simplemente por una decisión colegiada de un organismo que está siendo objeto de una serie de denuncias e indagaciones”, agregó.
Finalmente, dijo que la suspensión de Benavides es una medida que ha desestabilizado todo el Ministerio Público, por ser la representante de la legalidad en el país.
Mientras que el penalista Andy Carrión dijo que la suspensión temporal a Benavides fue adecuada, tal como las sanciones contra los fiscales Tomás Gálvez y Pedro Chávarry.
En ese sentido, recordó que la fiscal Benavides fue elegida bajo el reglamento de la JNJ y no por su Ley Orgánica.
“Entonces, debe tener validez tanto su elección como su sanción”, afirmó.
“Patricia Benavides abrió una investigación (a los miembros de la JNJ), es decir, ya tenía incompatibilidades. Lo que ella generó es una incompatibilidad en contra de tres miembros de la JNJ para que a posteriori, no se dediquen a sus casos”, agregó.
Sin embargo, Carrión coincidió con los otros dos penalistas sobre la importancia de la inhibición de algunos magistrados en el proceso.
Como se recuerda, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación contra Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala, tres de los siete integrantes de la JNJ.
Y es que los mencionados habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalos, a favor de la ahor exfiscal suprema Zoraida Ávalos.
Zavala fue la única que se inhibió cuando se votó la sanción contra Benavides.
INHIBICIÓN
Para Amoretti, los tres magistrados investigados por la Fiscalía de la Nación debieron haberse inhibido del proceso.
“Ellos están siendo investigados y resulta que el investigador (Benavides) se convierte en investigado y sanciona, esto es algo inaudito”, dijo.
En la misma línea se pronunció el penalista Lamas.
Desde su punto de vista, la JNJ es objeto de una serie de indagaciones, por lo tanto, por decoro se debieron abstener de iniciar una investigación hasta que su situación legal no se soluciones.
“Yo creo que no solo se ha violado el debido proceso, sino también el principio de presunción de inocencia”, manifestó.
Además, consideró que es importante conocer quién de la Fiscalía elaboró el organigrama que coloca a Benavides como líder de una presunta organización criminal.
Mientras que el penalista Carrión destacó que la magistrada María Zavala se inhibió en el caso de Benavides porque su hija obtuvo un puesto en la gestión de Zoraida Ávalos.
“Ella (Zavala) tiene un interés directo en la causa que se le sigue a Benavides, porque tuvo algún tipo de presunto tráfico de influencias a favor de su hija”, afirmó.
Además, dijo que la inhibición de los otros dos magistrados (Imelda Tumialán y Antonio de la Haza) es un tema discutible.
“Creo que por el bien del proceso es que si ellos lo creían conveniente, pudieron haberse inhibido”, dijo.
Sin embargo, también recordó que la suspendida fiscal Benavides pedía, a través de su defensa, es que todos los integrantes de la JNJ no participen del proceso en su contra.
“Creo que eso fue un error, porque si ella hubiera pedido únicamente la inhibición de los tres que sí tienen una investigación penal, creo que hubiera estado de acuerdo”, apuntó.
