La Junta Nacional de Justicia envió un oficio al entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, poco antes de que se confirmara su salida del cargo. La entidad solicitó información sobre el personal extranjero contratado en la entidad electoral.
El pedido, fechado el 20 de abril, estableció un plazo de cinco días para la entrega de los datos requeridos. A través de un documento, la JNJ invocó al artículo 154 de la Constitución para sustentar su requerimiento de información.
¿Qué solicita la JNJ?
La solicitud incluyó la identificación completa de cada trabajador extranjero vinculado a la entidad. Asimismo, la JNJ pidió detallar el tipo de documento, la modalidad de contratación y el área en la que desempeñaban los trabajadores en funciones.
El objetivo fue contar con información precisa sobre la situación laboral de estos profesionales. Esto permitiría verificar si las contrataciones se ajustaron a la normativa vigente.
El requerimiento se emitió en un escenario de cuestionamientos tras las elecciones generales. Durante la jornada se reportaron problemas en la instalación de mesas y en el uso de herramientas tecnológicas.
En ese contexto, la medida buscó esclarecer aspectos relacionados con la gestión administrativa. La revisión se dio en medio de un mayor control sobre el funcionamiento de la entidad.
La disposición fue de carácter obligatorio para las áreas técnicas de la institución. Se exigió precisar el cargo que ocupaba cada trabajador incluido en el informe.La intervención se produjo ante denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones.
El envío del documento se produjo horas antes de la renuncia de Piero Corvetto. Aunque no se detallaron las razones en el oficio, ambos hechos ocurrieron en el mismo contexto.
El análisis de la información solicitada permitirá determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos. Esto forma parte de las acciones de control sobre la gestión institucional.
