La tendencia de votos en el Congreso apunta por ahora a que la inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) será aprobada por el pleno, pero con una votación ajustada.
De acuerdo con un análisis de Correo, la primera mayoría del Congreso, Fuerza Popular, junto a sus aliados, conseguirá alrededor de 70 de los 66 votos requeridos para la inhabilitación.
Los cálculos indican que la votación sería así: Fuerza Popular (16), Perú Libre (8), Alianza para el Progreso (9), Acción Popular (6), Renovación Popular (7) y Somos Perú (4). Se sumarían Unidad y Diálogo (4), Avanza País (5), un pequeño sector del Bloque Magisterial y al menos un voto de José Luna de Podemos.
En el mismo sentido, otros No Agrupados como María del Carmen Alva, Carlos Alva, José Arriola, Pedro Martínez, Silvia Monteza y Karol Paredes optarían por la destitución.
En cambio, el resto de bancadas tienen posturas en contra, de acuerdo a la tendencia de sus votos y declaraciones.
Con ese resultado, se inhabilitaría a los consejeros por mantener a la magistrada Inés Tello en la institución pese a que su edad de 78 años supera los 75 permitidos para ejercer el cargo.
Cabe indicar que al cierre de esta edición, no se definió una fecha para que se debata el informe acusatorio que el lunes fue aprobado por la Comisión Permanente. El Consejo Directivo programó plenos parlamentarios para los días 6 y 7 de marzo y la Junta de Portavoces definirá hoy la agenda de esas sesiones.
Posturas. Entre tanto, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) señaló ayer que se siente seguro que el Congreso logrará conseguir o superar los 66 votos.
Sostuvo que esos números se verán reflejados en el pleno siempre y cuando el Bloque Democrático se mantenga constante, como ocurrió en la Subcomisión y en la Comisión Permanente.
“El bloque de la derecha ha votado a favor. Yo creo que si esos números con esas tendencias se mantienen, es posible lograr los 66 votos”, dijo.
La misma posición tuvieron Jorge Montoya y José Cueto. Otro que se refirió del tema fue el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien reconoció que el Congreso tiene las facultades y competencias para emprender ese proceso político.
“Es parte de la actuación de los poderes conforme a sus autonomías y sus competencias”, opinó.
No obstante, luego indicó: “Lamento un poco este tipo de noticias porque opaca un poco lo que hacemos”.
Por su parte, la Junta evalúa presentar algunas medidas legales contra el proceso político del Congreso. Acudirían al Tribunal Constitucional y a la Corte-IDH.
