Jorge Luis Chávez Cotrina es el fiscal coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y dialogó con Correo sobre las últimas coordinaciones entre el Gobierno y el Ministerio Público.
Además, brindó detalles de los últimos lineamientos, dispuestos por esta última entidad, que permitirá a las víctimas de extorsión denunciar directamente en la Fiscalía y obtener un código de reserva de identidad.
¿Tienen algunos detalles sobre la norma que está próxima a publicarse?
Todavía no los conocemos. Un equipo de fiscales seguro ha coordinado con el Ministerio de Justicia. Lo más importante es, y lo voy a repetir todos los días hasta que lo entienda el Gobierno, que si no se fortalece a la Policía Nacional y su inteligencia, la Fiscalía y el Poder Judicial, se pueden dar cincuenta mil normas y no habrá solución.
Más allá de dar normas, primero hay que fortalecer el sistema, de nada sirve darlas cuando la Fiscalía está en quiebra. (…) Si van a dar normas, estas tienen que salir presupuestadas (…). Este año nos han disminuido el presupuesto en el Ministerio Público. ¿Cómo enfrentamos al crimen organizado si no tenemos ni para el tóner?
El premier Ernesto Álvarez Miranda le dijo a Correo, hace unos días, que la inteligencia policial era decisiva en estos casos. ¿Coincide con él?
El primer ministro tiene toda la razón. No se puede pretender desarticular una organización criminal sin inteligencia, es la columna vertebral en una investigación.
Lo que se tiene que hacer, con carácter de urgente, es una reingeniería de las unidades de inteligencia de la Policía. Se le debe dotar de tecnología de última generación y de personal capacitado. Sin inteligencia no se puede luchar contra el crimen.
¿Qué pasos debería seguir este Gobierno para fortalecer la inteligencia policial?
Se tiene que trabajar con una estrategia viable en la que se comprometan los presupuestos necesarios. Este gobierno de transición tiene la principal obligación de dejar el camino asfaltado para ejecutar una política de Estado frente al crimen organizado. El estado de emergencia es un instrumento.
El fenómeno del crimen, y de las bandas extorsivas, se ha dejado crecer por negligencia del anterior gobierno. Eso es claro.
¿Por qué?
Miraron de costado el problema. No tuvieron la inteligencia, ni siquiera la preocupación, de fortalecer los trabajos coordinados entre policías y fiscales. Se dedicaron única y exclusivamente a despotricar contra fiscales y jueces, mañana y tarde, y lograron un distanciamiento entre los operadores (de justicia).
Eso trajo como consecuencia esta ola de crimen que sufre la población. Este Gobierno y el Congreso van a pasar a la historia si son capaces de restituir a nuestra Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Este es un proyecto a mediano plazo.
¿Cuáles son las últimas coordinaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía y en qué estado se encuentran?
Estamos esperando que se concrete la creación de las fiscalías especializadas en sicariato y extorsiones (…). El dimensionamiento abarca todo Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo y Sullana para empezar. Necesitamos S/70 millones aproximadamente (…).
Se supone que esta semana el presidente liberará el paquete legislativo. Allí tiene que salir la norma que autoriza la creación de estas fiscalías y establecerse el presupuesto.
Finalmente, ¿las víctimas de extorsión podrán hacer denuncias directas en la Fiscalía?
Sí, se ha establecido que los fiscales contra el crimen organizado, a nivel nacional, puedan recepcionar la denuncia. Se le otorgará al denunciante un código de reserva de identidad y de su domicilio. Después de asignarse el código, recién se tomará su declaración. Posteriormente, se dispondrá el inicio de la investigación preliminar y se trabajará con la Policía (…).
Siempre nos dicen “denuncio y al día siguiente, o en una hora, ya sabe el extorsionador que he ido a denunciar y me sigue amenazando con más violencia”. Buscamos establecer todos los candados para evitar que se filtre la identidad.
