El exfiscal José Domingo Pérez Gómez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo tras ser condenado por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, al ser hallado responsable del delito de conspiración para la rebelión.
“Se encuentra secuestrado en este momento, porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa, así como estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta”, sostuvo en declaraciones al medio Yachay Wasy.
Agregó que, a su juicio, existía una “sentencia anticipada”, lo que –dijo– será parte de la estrategia de “resistencia legal” que impulsará en adelante.
En esa línea, llamó a respaldar una iniciativa política que busca la libertad del exmandatario, al considerar que su situación es injusta.
“Es un preso político, juristas internacionales, señalan de que, indebidamente, está privado su libertad. Vamos a lograr, a través de los recursos por las correspondientes [sic], la libertad del presidente”, remarcó Pérez Gómez.
No obstante, en otro momento, resaltó que varios partidos en carrera electoral respaldan la liberación de Pedro Castillo, al sostener que fue retirado del cargo de forma inconstitucional y que enfrentó un proceso con serias irregularidades.
“Diversas agrupaciones políticas que están en esta condición electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades y sin permitirle una defensa libre”, concluyó.
Politización
La abogada penalista Romy Chang consideró, en declaraciones a Correo, que la decisión de Pérez refuerza los cuestionamientos sobre su actuación como fiscal. Refirió que su anuncio evidencia una posible inclinación política.
En ese sentido, señaló que “se refuerza la idea de que estaba marcado por intereses políticos” y que si antes existían dudas sobre si actuaba en defensa de la legalidad, “ahora la respuesta queda clara”.
Asimismo, advirtió que el hecho de asumir la defensa de un exmandatario vinculado a personas investigadas por su propio despacho fiscal “termina por confirmar esos cuestionamientos”.
En esa línea, Chang puso énfasis en los cuestionamientos éticos del caso y en la falta de sanciones efectivas. “Existe un impedimento ético”, advirtió, al considerar que, tras su paso por la función pública, debía mantener cierta distancia.
Sin embargo, remarcó que “lamentablemente no hay un control estricto” en los colegios de abogados para este tipo de situaciones.
En ese contexto, Chang sostuvo que incluso si se le impusiera alguna medida, “podría colegiarse en otro colegio del país”, por lo que, “en la práctica, no tendría mayor efecto”.
Asimismo, advirtió que esta decisión podría terminar por validar las críticas sobre una presunta politización en su actuación.
“De alguna manera le está dando la razón a quienes decían que estaba politizado”, afirmó. Añadió que este giro podría complicarlo en procesos e investigaciones pendientes vinculadas a su desempeño fiscal.
A la par, consideró que la elección tampoco favorece al exmandatario. “No es la mejor defensa a contratar”, apuntó.
Por su parte, el penalista Julio Rodríguez aseveró que, si bien todo letrado tiene el derecho de elegir a quién asesora, en este caso se percibe una continuidad en la línea de actuación de José Domingo Pérez.
En su opinión, su desempeño, tanto cuando era fiscal como ahora en la defensa, mantiene un componente político. “Estamos ante un caso singular, porque cuando era fiscal ya se evidenciaba una connotación más cercana al activismo político”, afirmó a Canal N.
Bajo ese enfoque, indicó que su actual rol no representa un cambio de fondo. “Ahora, desde la defensa, es más de lo mismo; sigue siendo un activista político”, afirmó, al remarcar que sus declaraciones no responden a un análisis técnico.
De igual modo, alertó que sostener que la sentencia estaba definida o que los jueces buscaban condenar “no es propio de un abogado desde el punto de vista jurídico”, sino que se trata de “cuestionamientos de carácter político”.
Reacción
Al respecto, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, calificó como lamentable la decisión del exfiscal y sostuvo que este vínculo explicaría su actuación en investigaciones previas relacionadas con su agrupación.
“Podemos resumir, de esa decisión, que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y que por eso fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, afirmó en RPP.
Asimismo, cuestionó el anuncio de que se sumará a un proyecto político.
“Eso quiere decir que no solo asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que, además, considera que el golpista no debe estar en la cárcel”, añadió.
Como se recuerda, el pasado 19 de marzo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar a Pérez Gómez como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, cargo desde el cual lideró investigaciones emblemáticas como los casos Cocteles y Rutas de Lima.
La decisión se sustentó en que, tras la evaluación integral de su desempeño, no se alcanzó la convicción necesaria para renovar su permanencia en el Ministerio Público, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.
