El futuro del presidente José Jerí se torna cada vez más incierto. A las seis mociones de censura en su contra, así como las solicitudes para un pleno extraordinario que los evalúe, se suman nuevos detalles sobre su cercanía con el empresario chino Zhihua Yang.
“Yo lo conozco como ‘Johnny’, me lo presentaron así en 2024”, aseguró Jerí, dos días atrás, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Ese declaración, en particular, no significa poco. El ahora mandatario integró una comisión en su calidad de congresista que, también en el 2024, identificó a Yang como un “engranaje facilitador” entre cuestionadas empresas chinas y licitaciones públicas.
El club
La citada comisión investigadora, que hoy cobra especial relevancia, se instaló en marzo del 2022. Los congresistas Héctor Valer y José Jerí, ambos de la bancada de Somos Perú, ocuparon los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.
El grupo de trabajo debía investigar si un grupo de empresas chinas obtuvo la buena pro de distintas licitaciones a través de malos manejos. Así, se hallaron “irregularidades” en 75 de 93 contratos analizados. El conjunto total de contratos, gestionados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sumaba 10 millones 123 mil 826 soles.
Tanto la versión preliminar como el documento final del informe identifica una aparente dinámica por parte de empresas chinas que, consorciadas con otras peruanas, subcontrataban a proveedores nacionales para ejecutar la obra.
Eran estas, finalmente, quienes realizaban los trabajos y a quienes se “estafaba”, pues no veían pago alguno por parte del consorcio. En este esquema, según detalla el documento, tuvo un papel trascendental Zhihua Yang.
Factor clave
El empresario Zhihua Yang “habría actuado como soporte operativo y logístico, de las empresas estatales chinas bajo investigación”, de acuerdo a la versión final del informe, identificándose “la recurrencia de un entorno empresarial local vinculado” a él. Sobre ello, se detallan dos hechos puntuales.
En diciembre de 2019, se adjudico la buena pro para el mejoramiento y la conservación de un corredor vial en Huari, Áncash, al Consorcio Pomabamba.
Este estaba integrado por las empresas China Railway N.º 10 Engineering Group Ltd Sucursal Perú y Canton Lima S.A.C., “identificadas como parte del conglomerado de intereses económicos de Yang”.
El contrato se firmó por un monto de 195 millones 295 mil 162 soles, con un plazo de 1825 días calendario, pero fue anulado por Provías Nacional (MTC) tras hallar información inexacta entregada por el consorcio, que había declarado “bajo juramento ser beneficiario de la exoneración del IGV (…) cuando no le correspondía dicho beneficio”. Sin embargo, tras iniciar un arbitraje, logró que el contrato cobrara vigencia nuevamente.
También se hace alusión al vínculo contractual entre CCCC del Perú S.A.C, subsidiaria de China Communications Construction Company, y Construcciones Capon S.A.C., “representada por el ciudadano Yang”.
Tras estudiar el comportamiento de este y otros consorcios, la comisión “identificó un patrón de ‘tercerización de la ejecución’ mediante el cual las grandes estatales chinas (…) delegan la operatividad real a otras empresas”.
En ese sentido, se agrega que Construcciones Capon S.A.C. “se posicionó como un proveedor estratégico” de las estatales chinas; es decir, se encargaba de reclutar a proveedores nacionales “a través de ‘Contratos Marco de Arrendamiento’ de maquinaria pesada”.
“Este esquema de subcontratación es coincidente con las denuncias de estafas masivas a subcuentas y proveedores locales, donde las empresas chinas utilizan a estos intermediarios para la gestión de campo, mientras las utilidades y adelantos financieros del Estado son blindados mediante arbitrajes de emergencia”, se añadió.
Finalmente, se destaca que “la evidencia sugiere que las empresas vinculadas al ciudadano Zhihua Yang (Canton Lima S.A.C. y Construcciones Capon S.A.C., entre otras, no han operado de manera aislada, sino como un engranaje facilitador del Modus Operandi de las 13 empresas chinas investigadas”.
“Su rol ha sido fundamental para la apariencia de operatividad local de las empresas estatales extranjeras, participando en contratos que hoy se encuentran bajo sospecha de corrupción, abandono de obra y afectación al erario nacional, en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el MTC durante los periodos 2018-2022”, se indicó.
Extrañas coincidencias
El informe final fue emitido el 14 de marzo del 2024. Ese mismo año, Jerí, entonces congresista y vicepresidente de la comisión, conoció a Yang.
“Por el vínculo que he tenido con él me es mucho más fácil llamarlo como me lo presentaron ‘Jhonny’ (…). Desde el 2024, en que lo conozco, he ido las veces que la agenda me lo ha permitido: de día, de tarde o de noche para hacer lo que toda persona hace, indistintamente de su investidura, en una tienda”, afirmó.
Es decir, en su condición de legislador, inició un “vínculo” con un implicado en el Club de la Construcción chino, un caso de presunta corrupción, y cuya indagación se realizaba en una comisión investigadora que lo tenía como vicepresidente.
El mandatario aseguró ayer que votó a favor del “informe”, sin embargo, omitió precisar que ello se dio en el informe preliminar que no incluía a su amigo Yang. Fue después, tras una sesión reservada, que se realizó dicha incorporación. Ya con el informe final, en marzo del 2025, se esperaba que el pleno del Congreso realice la votación. Pero este día nunca llegó.
El presidente de la comisión, Héctor Valer, envió un oficio a Jerí el 1 de octubre del mismo año, cuando este ya era presidente del Congreso. Le pidió que levante el “cuarto intermedio del referido informe final y, en consecuencia, agende a la mayor brevedad posible su debate y definitiva votación ante el pleno del Congreso”. Nueve días después, se produjo la vacancia de Dina Boluarte y Jerí Oré la reemplazó en la presidencia.
Alerta
Este caso tiene larga data. La exministra Paola Lazarte, otrora titular del MTC en el Gobierno de Dina Boluarte, detalló a Correo que durante su gestión (diciembre 2022 – septiembre 2023) se “encontraron irregularidades en contratos de Provías Nacional”, unidad ejecutora de la cartera.
Por ello, se “se anularon contratos”. Uno de ellos, por S/324 millones para el mejoramiento y conservación de un corredor vial a lo largo de Pampas, Abra Independencia, Churcampa y otras zonas. Asimismo, se desistió de otro contrato por aproximadamente S/500 millones.
“La comisión investigadora ha analizado hacia abajo las relaciones que existen entre los consorcios de construcción y algunos proveedores. Es importante identificar toda esa cadena, desde lo que pueden ser representantes comerciales hasta lo que son las empresas constructoras o desarrolladoras, y proveedores”, indicó.
