El presidente José María Balcázar anunció que acudirá al Congreso para solicitar la delegación de facultades legislativas. El objetivo es contar con un marco normativo que permita aprobar reformas orientadas a enfrentar con mayor severidad a las organizaciones criminales.
La propuesta surge luego de que en el periodo anterior se anunciara reiteradamente un Plan Nacional de Seguridad que nunca fue presentado públicamente. La gestión del entonces mandatario José Jerí terminó siendo censurada en medio de cuestionamientos y sin que ese documento llegara a implementarse.
No obstante, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo que dicho plan sí fue elaborado y que puede ser utilizado como base por el nuevo Ejecutivo. Según explicó, la estrategia está disponible para su aplicación en el corto plazo.
El jefe de Estado remarcó que la delegación de facultades permitirá impulsar cambios profundos en la legislación penal y penitenciaria. En esa línea manifestó que el Poder Legislativo le otorgará las facultades para modificar el Código Penal.
“Tenemos que solicitar facultades al Parlamento. Estoy seguro de que no nos las negarán para aprobar un paquete de leyes mediante el cual se modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, con procesos rápidos y especiales, similares a los aplicados en casos de terrorismo”, explicó.
Las modificaciones planteadas apuntan a establecer procedimientos más ágiles y sanciones más estrictas para delitos vinculados al crimen organizado. Desde el Ejecutivo consideran que sin estos ajustes será difícil reducir los índices de violencia que afectan a distintas regiones.
Para que el Congreso pueda delegar estas atribuciones, primero deberá otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial. Este paso resulta determinante para que el Gobierno pueda asumir temporalmente competencias legislativas.
El parlamentario Américo Gonza, integrante de la bancada de Perú Libre, adelantó que su grupo respaldará al Consejo de Ministros en la sesión prevista para el 18 de marzo. El legislador argumentó que existe coherencia política en brindar apoyo a una administración que promovieron.
En declaraciones públicas, explicó que su respaldo no responde a acuerdos particulares con el Ejecutivo. Bajo esa premisa señaló que “sería incoherente proponer una persona y no darle (voto de confianza). Que quede claro que nosotros no le estamos pidiendo nada a cambio, lo hacemos por principios a diferencia de otros partidos que ya sabemos como se han comportado y no solamente con José María Balcázar”.
Con este panorama, el Ejecutivo busca consolidar un respaldo parlamentario que le permita activar su estrategia contra la criminalidad. La eventual aprobación de facultades legislativas será clave para poner en marcha las reformas anunciadas y redefinir la política de seguridad en el país.
