Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se refirió a la cuestionada modificación de la ley del crimen organizado, y aseveró que la nueva norma afecta a las diligencias del Ministerio Público, pues ahora no se puede realizar allanamientos a las viviendas de personas involucradas en delitos como organización criminal sin la presencia del abogado de los presuntos delincuentes.

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“Los allanamientos tienen que ser sorpresivos (...) sí se está afectando. Ustedes han visto imágenes sobre allanamientos. Un tema importante es que se exige la presencia de un abogado defensor público, pero los defensores públicos solo trabajan hasta las 4 de la tarde. Los allanamientos que tienen que ser sorpresivos normalmente se hacen en la madrugada o en la noche o en horas que sean sorpresivas”, dijo durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El fiscal de la Nación hizo un llamado a la reflexión en el Congreso sobre las normas que se viene aprobando, como aquellas que han reducido las penas por delitos. Aconsejó medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, enfocándose en el control de conductores de vehículos menores, como mototaxis, y sugirió que los propietarios de estos vehículos sean responsables de informar quién los usa.

Juan Carlos Villena lamentó la reducción de penas en delitos de tentativa en un rango de 6 a 10 años, antes de 12 a 20 años. Empero, refirió que no se trata de reprochar las decisiones del Tribunal Constitucional o del Poder Ejecutivo, es necesario reevaluar estas normativas cuando no funcionan como se esperaba, sugiriendo al Congreso una eventual modificación.

Asimismo, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, planteó mejorar el control de la venta de celulares, restringiendo las ventas exclusivamente a concesionarios autorizados, para evitar el mercado negro y el uso de celulares robados; así como verificar los antecedentes de los ciudadanos extranjero antes de permitir su ingreso o permanencia en el país.

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