Jueces supremos, jueces superiores y presidentes de las 35 cortes de justicia del país respaldaron el pronunciamiento del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, contra el proyecto de ley que pretende fiscalizar el trabajo de los magistrados; y reafirmaron la autonomía e independencia de dicho poder del Estado.
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Como se sabe, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, plantea un proyecto de Ley que crea una nueva comisión ordinaria capaz de “investigar y sancionar delitos cometidos por fiscales y jueces”.
Durante el XIII Congreso Nacional de Jueces, que se desarrolló en la ciudad de Huánuco, los magistrados rechazaron cualquier injerencia de índole externa en las decisiones judiciales.
Este declaratoria, se anunció la defensa de los fueros de este poder del Estado con corrección y compromiso.
En la cita, los magistrados se comprometieron a impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita superar las deficiencias existentes y adaptarlas a los nuevos desafíos en el sistema de justicia en el siglo XXI.
Asimismo, hicieron un compromiso para difundir la publicidad de los procesos judiciales, la rendición de cuentas con el fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Cabe precisar que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó esta semana que el proyecto de ley que pretende crear la Comisión de Fiscalización de la Función de Jueces y Fiscales es inconstitucional y una interferencia del Congreso.
Llama la atención que el congresista Waldemar Cerrón, siendo hermano del prófugo Vladimir Cerrón -sentenciado por el Poder Judicial- proponga ahora la creación de un grupo para fiscalizar a jueces y fiscales, es decir que el Parlamento pueda investigar y sancionar delitos cometidos por los operadores de justicia. Ello a pesar que dicha función le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, incluso el mismo Congreso lo hace a través de acusaciones constitucionales.
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