La jueza supernumeraria Leny Zapata Andía, señalada por haber liberado a integrantes de una peligrosa organización criminal, rompió su silencio y aclaró que ella no es la responsable de la liberación del hombre que disparó a dos policías.
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Según la destituida jueza supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, contó que de los 28 intervenidos, la Fiscalía solo encontró presunta responsabilidad penal en 7 personas. Por lo tanto, en el requerimiento fiscal, solo se pusieron a su disposición a 7 personas, mientras que los 21 restantes fueron liberados por el representante del Ministerio Público. Los apresados enfrentan investigaciones por microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas.
“Se puede apreciar que en el requerimiento del señor fiscal, a mí solo me ponen a disposición a siete personas; a los otros 21, el señor representante del Ministerio Público les dio libertad”, afirmó tajantemente.
Solo unos días después de la liberación de estas personas, el 12 de diciembre, en un hostal ubicado en la urbanización San Gabriel en San Juan de Lurigancho, uno de ellos de nacionalidad venezolana identificado como José Antonio Ríos Gil, disparó a dos efectivos policiales mientras realizaban una intervención en el establecimiento. Sin embargo, esta persona no aparece en el requerimiento de prisión preventiva en el caso del Búnker de Pachacámac.
“Es falsa esa información. No porque lo diga Leny Zapata, el día de hoy, sino porque en la copia del requerimiento que nosotros leemos, ¿dónde figura el nombre de ese señor? No, es falso, yo nunca lo tuve a él dentro del requerimiento de prisión preventiva”, subrayó.
Zapata se mostró indignada ante la suspensión que considera injusta y asegura que su imagen ha sido manchada por los señalamientos en su contra.
“No quiero que digan que yo soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios de que me pagaron o que me dieron dinero?”, cuestionó entre lágrimas. Muy molesta por la situación, Zapata calificó su suspensión como injusta.
También explicó que no se daban los supuestos para el delito de microcomercialización, pues todos los análisis arrojaron muestras agotadas, es decir, que había muy poca cantidad en el análisis policial. Además, acusó a la Fiscalía de haber cometido un error respecto al presupuesto de la prognosis de la pena y que por ello no pudo dictar prisión preventiva.
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