Las Juntas de Fiscales Superiores rechazaron los proyectos de ley que impulsan los congresistas Jorge Montoya y Segundo Montalvo, que proponen declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público. Los fiscales superiores exigen al Congreso respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público.
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“Exigimos a todas las instituciones del Estado, en especial al Congreso de la República, a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público, en cumplimiento del orden constitucional y del Estado democrático de derecho”, señalaron los fiscales.
En un pronunciamiento publicado en la red social “X”, los titulares de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales del Perú aseveraron que la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público “no puede justificar algún intervencionismo” de agentes políticos, en referencia a los dos proyectos de ley de las bancadas de Renovación Popular y Perú Libre.
“Ambos proyectos de ley transgreden el orden constitucional, el estado de Derecho, la independencia, autonomía e institucionalidad del Ministerio Público”, denunciaron los fiscales.
Subrayaron que son los integrantes del Ministerio Público “los llamados a llevar a cabo las acciones que optimicen” su función “constitucional y legal”.
Investigaciones a funcionarios en peligro
En el documento advierten que aceptar dicha intromisión menoscabaría la autonomía del Ministerio Público y pondría en grave peligro las investigaciones en curso contra altos funcionarios, parlamentarios y dirigentes políticos.
Los titulares de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales del país, respaldaron, además, el pronunciamiento del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, realizado el último 22 de febrero, en el que señaló que la propuesta del congresista Jorge Montoya “pretende claramente quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años noventa”.
Ello en alusión al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien tras dar un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, dispuso la reorganización del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
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