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La congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley de Protección Policial y “restituir el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial”, a fin de que se respeten los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
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“El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar”, se alega en la propuesta.
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En los fundamentos de la propuesta se alega que la Ley de Protección Policial tuvo efectos directos en la legislación penal y procesal la ampliación del “catálogo de inimputabilidad”.
Uno de los puntos que cuestionan es que dicha incorporó el artículo 292-A en el Código Procesal Penal, donde se indica: “al policía nacional que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar y prisión preventiva”.
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“Desde el plano penal, estamos frente a una exención de responsabilidad penal (...) excluye la antijuricidad de los tipos penales de lesiones y homicidio cuando se hace uso de la fuerza policial con la finalidad de garantizar, mantener o restablecer el orden interino, sin que se tenga que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, sino el contexto de acción reglamentaria”, se alega.
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En el análisis del costo-beneficio, la iniciativa señala que entre el 2006 y 2021 ha habido 226 civiles muertes en conflictos sociales y que con la reincorporación del principio de proporcionalidad “se logrará un impacto positivo para evitar que se cause lesiones o muertes durante el ejercicio del derecho fundamental de protesta social”.
