Pedro Castillo aseguró que trabajará hasta el último día de su mandato. (Foto: Presidencia)
Pedro Castillo aseguró que trabajará hasta el último día de su mandato. (Foto: Presidencia)

La continuidad del gobierno de puede haber tenido ayer un punto de inflexión, tras la bomba informativa soltada ante la Fiscalía por la lobista.

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La exasesora del consorcio Puente Tarata III se acogió al proceso para ser aspirante a colaboradora eficaz y ha confirmado los rumores sobre la participación de Castillo en actos de corrupción de funcionarios.

López señala que el jefe de Estado lidera una mafia enquistada dentro del Gobierno y que está integrado por familiares del mandatario, empresarios, ministros y congresistas.

Según informó el diario La República, el objetivo de dicha red criminal es obtener dinero de licitaciones públicas, nombramientos en el sector Salud, ascensos en institutos armados y con la ayuda a empresas ante la Sunat. El objetivo es recaudar fondos para costar los gastos generados en la campaña presidencial, según confesó el propio Castillo.

LO HUNDE

Un día clave fue el 18 de febrero. López se apersonó al despacho de la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, para rendir su manifestación ante el inicio de una nueva investigación en su contra.

Tras acogerse a la referida figura, explicó que esta red habría logrado obtener la protección del fiscal anticorrupción Omar Tello y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que los protejan ante cualquier eventual denuncia.

Tello, recordemos, tuvo una sospechosa participación en el caso “Los Dinámicos del Centro”, que compromete a militantes de Perú Libre. Ávalos, por su parte, abrió y suspendió fugazmente una investigación a Castillo.

López afirmó haber participado en una reunión con el primo de Tello en un restaurante de Lince. Allí, el familiar del fiscal le dijo que no se preocupara de nada y que todo se encontraba “bajo control”.

Además, la empresaria reveló que el 17 de diciembre pasado, el jefe de Estado le dijo que iba a reunirse con Ávalos y que todo se arreglaría.

López reveló que las personas que integran esa mafia serían Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea), Fray y Gian Castillo (sobrinos del mandatario), Bruno Pacheco (exsecretario general de Palacio), el ministro Juan Silva (MTC) y al menos cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos, Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori.

A los legisladores los describió como “Los Niños” porque “obedecen todo lo que dice Castillo”.

De otro lado, se refirió al premier Aníbal Torres, al exministro Walter Ayala ya Geiner Alvarado, actual titular de Vivienda, pero no los sindicó como parte de esta misma red.

La aspirante a colaboradora resultó eficaz que la mafia empezó a operar en la casa de Sarratea (Breña) y que luego se mudó a Palacio. Afirmó ser testigo de las reuniones, acuerdos ilegales y discusiones.

Reveló que en una de las tantas citas Castillo exigió que se pague las deudas generadas producto de su campaña política en 2021, y que Pacheco confesó que Castillo sabía que “Los Dinámicos del Centro” habían realizado aportes de dinero a la campaña del hoy presidente.

MAFIA ENQUISTADA

En su testimonio, la lobista dijo que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de las personas señaladas, quienes formaban parte de la mafia eran las empresas Consorcio Conservación Vial Mazocruz e INIP Ingeniería Integración de Proyectos.

Refirió que esta última firma, vinculada a los congresistas acciopopulistas, esperaba tener participación con la empresa china en el otorgamiento de una buena pro.

Ello, teniendo en cuenta que Silva estructuró una red para arreglar licitaciones ilegalmente, de acuerdo con López. Como prueba del relato, logró una lista de procesos de servicios del MTC direccionados en varias zonas del país.

Según El Comercio, los valores de esas obras fluctuaban entre 64 y 225 millones de soles.

López explicó que la mafia empezó a operar desde que empezó el Gobierno de Castillo y que fue el empresario Zamir Villaverde la persona que llevaba los curriculum vitae a Silva para designar a los funcionarios en el MTC.

“Villaverde entrevistó a gerentes antiguos que trabajaron en el MTC”, manifestó en su delación.

Sin embargo, afirmó que Pacheco tuvo una fuerte discursión con Silva por las gestiones que hizo Villaverde para designar al nuevo presidente de Provías.

Con todos los detalles, la lobista aseguró que conoció de esta mafia supo de un pedido del empresario porque Luis Pasapera, dueño de la constructora Terminex, que forma parte del Consorcio Puente Tarata III, que consiguió una obra por 232 millones de soles.

Indicó que Pasapera pidió preguntar a Bruno Pacheco por la lista de obras que le ofrecieron. López dijo a la Fiscalía que al hacerle la consulta al exsecretario, este respondió que “el ministro Juan Silva y los sobrinos de Castillo y Zamir no me permiten (hacer) nada”.

OTROS CASOS

Entre otros puntos de la delación, la empresaria reconoció sin mayor detalle que en las reuniones se tocaron temas de nombramientos como el del ministro de Vivienda. Asimismo, concedió que hay redes del Ministerio de Salud que cobran hasta 150 mil soles para designar a los directores regionales.

La aspirante a colaborador eficaz narró que cuando se encontraron los 20 mil dólares en el baño del despacho de Pacheco, se mantuvo un fuerte altercado entre el exsecretario y el presidente Pedro Castillo.

Contó que en esa oportunidad, el presidente de la República le pidió su renuncia inmediata a Pacheco, pero el exfuncionario se negó. Luego de calmarse las aguas, Castillo le ofreció ser su asesor externo y lo convenció a que dimitiera del cargo.

También dijo que Pacheco le dijo que Aníbal Torres le había ofrecido sacarle del país para que tenga tranquilidad y pueda asilarlo.

Pacheco también discutió con Torres porque hasta el procurador Soria lo había denunciado. Allí el premier le informó que iba a destituir a Soria.

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Según La República, Rafael Vela Barba, fiscal superior coordinador de lavado de activos, le da una altísima credibilidad a la declaración de Karelim López.