La orden judicial de impedimento de salida del país contra Keiko Fujimori, dictada ayer, es señal de que la fase de control de acusación penal, en el “Caso Cocteles” por lavado de activos, aprobó el examen judicial y está pronto a pasar a la etapa de juicio público (oral).
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“Es uno de los primeros casos de Keiko Fujimori que va a pasar a juicio público”, aseveró a Correo la penalista Romy Chang.
El juicio público”puede ser absolutorio o condenatorio; va a implicar consecuencias para la señora Fujimori (...) por eso el juez ha aceptado la solicitud de la Fiscalía de impedir su salida al exterior por tres años”, acotó.
RESOLUCIÓN
El juez Víctor Zúñiga Urday dictaminó, acogiendo una solicitud del Equipo Especial de la Fiscalía, que la orden alcanza también a Mark Vito Villanela, ex esposo de Fujimori; y también a otros principales integrantes del equipo de campaña de Keiko Fujimori: Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, Ana Herz, Vicente Silva Checa y José Chlimper.
PROCESO TORTUOSO
En este caso, la etapa de control de acusación se prolongó por más de dos años. Fue presentada por primera vez el 11 de marzo de 2021, es decir hace 26 meses.
Y estuvo a punto de naufragar en la etapa de control de acusación. El juez Zúñiga Urday devolvió la acusación en diez ocasiones, la última de ellas el 31 de enero de 2023. El Equipo Especial tuvo que zurcir las falencias para volver a presentar el expediente.
En este punto, la Fiscalía tiene una versión distinta. Asegura que el juez no devolvió la acusación.
“El pasado 31 de enero, el juez Víctor Zúñiga resolvió que el listado de 3915 pruebas (1121 testigos y 2794 documentos), ofrecido por la fiscalía, siga las formalidades de la individualización de las pruebas y los delitos por cada acusado. Es importante señalar que el juez no ha devuelto la acusación”, explicó en su momento.
El Equipo Especial explica que este proceso - conocido como “Cocteles” - contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, es por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016.
Añade que la etapa de control de acusación ante el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, ha sido subsanada de acuerdo con los requerimientos.
“En esta fase, el equipo especial Lava Jato ha sustentado la acusación penal, y superado las fases del control formal y sustancial, por lo que el caso no ha sido sobreseído (archivado) y, consecuentemente, pasará a juicio oral”, precisa un documento de la Fiscalía.
FINANCIAMIENTO
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El punto más conflictivo del proceso es demostrar si los aportes de campaña constituyen delito de lavado de activos, explica la penalista Chang.
“En esa época (2011-2016) no estaba vigente el tema del financiamiento ilegal de partidos”, apunta.
“Para poder demostrar delito de lavado de activos hay que demostrar que existe un dinero negro que se va a lavar. La verdad, es complicado de
mostrar eso”, comenta.
“La defensa Odebrecht ha sostenido que el dinero de Caja 2 era dinero legal, bien habido, solo que separaban una parte para pagar coimas. No sería producto de actos ilegales, sostienen. Ese es un problema para la Fiscalía”, reconoce Chang.