A pesar de haberse jurado inocente, Alejandro Soto, el presidente del Congreso, es parte de una nueva investigación fiscal que pone en riesgo su estancia en el máximo cargo del Parlamento.
Ayer la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra el legislador en calidad de autor por usar a su personal para pagar publicidad política y usar cuentas falsas en las redes sociales.
El organismo autónomo anunció que inició las primeras diligencias preliminares del caso e incluyó en la pesquisa a Phenélope Contreras como coautora del mismo delito que se le atribuye a Soto: Concusión.
En la víspera, la Procuraduría General del Estado había solicitado al Ministerio Público iniciar acciones contra Soto.
Punto de partida. El domingo pasado el programa Cuarto Poder dio cuenta que Soto usó a sus trabajadores congresales para que utilicen cuentas falsas a fin de defenderlo en las redes sociales contra sus adversarios como si se tratase de “troles”, acciones que están fuera de los parámetros laborales.
Luego se conoció -mediante unos chats- que los trabajadores pagaban de su propio bolsillo una cuota voluntaria “solidaria” a Soto Reyes para financiar la publicidad en sus plataformas digitales. El aparente propósito era incrementar las vistas de su labor representativa.
No obstante, lo que puso en evidencia a Soto -de acuerdo con el dominical- fue que en las conversaciones, el hoy presidente del Congreso, en un arranque de incomodidad, expresa lo siguiente: “Esas cuentas son de nuestros aliados, que el chibolo los desbloquee y les permita entrar”.
De otro lado, el programa mostró que el personal de Soto estaba dedicado, casi a tiempo completo, a eliminar mensajes en las redes sociales que eran negativos para la imagen del legislador.
Al respecto, Diego Bazán, voceado presidente de la Comisión de Ética, señaló que esperará que el grupo de trabajo se instale para evaluar si abordará o no las acusaciones contra Soto.
