El jueves se conoció que el fiscal supremo Alcides Chinchay abrió una investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, pesquisa que también alcanza al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, esto luego de las declaraciones que dio el exasesor Jaime Villanueva.
Los implicados no tardaron en cuestionar la investigación, incluso, coincidieron en que se intenta “criminalizar” a los operadores de justicia y al periodismo.
El Ministerio Público (MP) que encabeza el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no se quedó en silencio. Por el contrario, la institución emitió un claro pronunciamiento en el que pone en su lugar a quienes se consideran “intocables” para el sistema de justicia.
DETALLES
La Fiscalía precisó en un comunicado que el 27 de marzo, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, abrió una investigación preliminar contra Rafael Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti, el abogado Óscar Nieves y Janet Talavera (asesor del presidente del JNE Jorge Salas Arenas).
Los mencionados son investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
El origen de la investigación fue un trascendido de redes sociales de los dichos de Jaime Villanueva, posteriormente se corroboró que el exasesor fiscal dio esas declaraciones ante la Fiscalía que involucran a los implicados en una serie de hechos.
“Investigar los elementos de un eventual delito es una actividad estatal cuya conducción está consagrada en la Constitución ante el MP. Ante información de que se habría cometido un eventual delito, la Fiscalía tiene que iniciar una investigación, hacerlo es un deber funcional”, indicó la institución.
Señaló que por el contrario, no hacerlo, constituye una conducta indebida y “quien ejerce la labor fiscal no puede no saberlo”.
“Investigar no implica criminalizar a nadie, ni siquiera el investigado, solo un juez tras el debido proceso puede declarar delincuente a una persona. Tampoco la actividad de investigar comprende un prejuicio, ni una hostilización, ni un intento de recortar derechos, ni favorecer a personas o grupos de personas”, sostuvo.
Resaltaron que se debe distinguir entre los desagradable que pueda ser el estar bajo una investigación, de atribuir al ente investigador (Fiscalía) una intención contraria al ordenamiento jurídico.
ACLARACIÓN
En otro momento, la Fiscalía deja un claro mensaje para quienes piensan que no deben ser investigados por su labor: “Si una persona considera que hace una labor importante, no lo hace inmune a una investigación. Los méritos personales que cada uno puede tener, no dan derecho a no ser denunciado”.
En la misma línea, destacan que “nadie tiene derecho a no ser investigado”.
Sobre el eventual pedido de levantamiento del secreto de comunicaciones que se solicitará para el caso, la Fiscalía aclaró hay una diferencia en que un periodista tenga derecho a no revelar sus fuentes y que exista una prohibición -que no existe- de que la Fiscalía requiera información de las comunicaciones de una persona investigada.
El MP recordó que el levantamiento del secreto de las comunicaciones pasa por una decisión judicial.
“Exhortamos a las personas investigadas y a la opinión pública, a asumir este cumplimiento de un deber de parte de la Fiscalía con serenidad, sin atribuir intenciones espurias por el solo hecho de que le resulte desagradable que el MP cumpla una obligación funcional”, concluye la Fiscalía.
ANTECEDENTE
El MP publicó el pronunciamiento poco después de la difusión de una entrevista en la que José Domingo Pérez cuestionó la pesquisa.
“Preocupa el avance en las acciones destinadas a criminalizar a los operadores de justicia y periodistas de investigación en nuestro país”, dijo.
En diálogo con El Comercio, el integrante del Equipo Lava Jato afirmó que el MP “se presta” para iniciar una investigación contra los fiscales y contra el principal periodista que cubrió desde sus inicios la operación (del caso Lava Jato), esto en alusión a Gustavo Gorriti.
“Como viene ocurriendo en países como Guatemala, se acosa insistentemente a los jueces y fiscales independientes con denuncias, sanciones disciplinarias e investigaciones penales”, afirmó el fiscal.
En otro momento, sostuvo que no se tomó en cuenta el daño que se puede ocasionar a los juzgamientos, porque los acusados, como el caso del partido Fuerza Popular (FP) y Keiko Fujimori, podrían tomar la investigación en su contra para solicitar su exclusión o cese ante el fiscal de la Nación, el mismo que ahora “se encuentra presionado por las denuncias constitucionales en el Congreso”.
Como se recuerda, la pesquisa nace por los dichos de Jaime Villanueva, quien relató que los fiscales Vela y Pérez le facilitaron información reservada al periodista Gorriti a cambio de apoyo mediático, entre otros hechos (ver infografía).
Por otro lado, también se pronunció el portal IDL - Reporteros mediante su cuenta X (antes Twitter).
“La investigación dispuesta por el fiscal Alcides Chinchay constituye un atentado a la libertad de expresión y criminaliza el periodismo de investigación”, señaló el medio.
Además, mencionaron que le han dado un plazo de cinco días a Gustavo Gorriti para que entregue información del número de teléfono que utilizó entre los años 2016 y 2021, lo que “vulnera el derecho de los periodistas a la reserva de fuentes”.
Mientras se desarrolla la guerra interna en el Ministerio Público, el fiscal supremo Alcides Chinchay -que declaró el caso complejo- tendrá un plazo de ocho meses para realizar las diligencias preliminares que incluye la declaración de los implicados y otros.
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