Lo que esperaba la Comisión de Justicia del Congreso era tener los descargos directos de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para continuar investigándolos por supuesta causa grave, pero lo que al final sucedió fue que la mayoría dejó su defensa en manos del abogado Samuel Abad.
Las preguntas eran relacionadas al comunicado a favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, las aparentes presiones al Poder Judicial, la interpretación ilegal de la Constitución por la edad para integrar la JNJ, el no presentar su informe anual al Congreso y la filtración de un documento sobre un proceso disciplinario a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Nadie contestó frontalmente. Evadieron casi todas las preguntas. Incluso hubo quienes apelaban a tecnicismos o que alegaban que, al ser un proceso “informal”, las preguntas y respuestas debían tener esas mismas características.
La intención principal del grupo parlamentario era recoger las versiones personales de la JNJ para consignarlas en el informe que en las siguientes semanas deberá enviar al pleno.
Allí se determinará si existe o no “causa grave”, un criterio que permitirá al Parlamento la remoción inmediata de todos o algunos de los citados.
ARRANCA SESIÓN
La primera en comparecer fue María Zavala. La magistrada llegó temprano, saludó a los presentes y, cuando se sentó, anunció a la comisión que su abogado contestaría.
La incomodidad se expresó en la comisión porque, apenas minutos antes, el grupo congresal rechazó el pedido del abogado Abad para que responda por todo el colegiado en lugar de hacerlo de forma individual.
La decisión de la mayoría primó porque se argumentó que todos los casos no eran los mismos y que la defensa debía ser personal.
Zavala dejó todas las respuestas a Abad, quien en varias ocasiones intentó minimizar la investigación.
En primer lugar, afirmó que la “causa grave” no está desarrollada por ninguna ley ni por la Constitución y, menos, por el reglamento del Congreso.
“No existe una norma con rango de ley que tipifique lo que significa causa grave” que permita la remoción de los integrantes de la JNJ”, argumentó.
Explicó que el hecho de que se haya aplicado antes, no quiere decir que puede aplicarse actualmente porque los casos son distintos.
Luego añadió que, “por un comunicado”, no se podía remover a los siete miembros de la JNJ. Incluso, aseguró que solo cinco la firmaron el documento porque “Guillermo Thornberry estaba con licencia por razones de salud y la doctora María Zavala optó por la abstención”.
De igual modo, Abad defendió que Inés Tello se mantenga en el cargo pese a haber sobrepasado el límite de edad de 75 años. Sostuvo que el límite de edad está referido a la postulación al cargo.
TUMIALÁN LA BREVE.
Solo Imelda Tumialán, la presidenta de la JNJ, intentó responder a los congresistas. Primero, señaló sobre el comunicado y luego por la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y a otros jueces supremos para favorecer a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
“Categóricamente, lo desmiento por ser totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna o participado de ninguna reunión con el señor presidente, vocales, menos haber ejercido presión sobre el tema”, sostuvo.
Luego, se le consultó sobre el informe anual que la JNJ debía presentar obligatoriamente al Congreso. Sobre ello afirmó en un inicio que, los relacionados a los años 2021 y 2022, fueron presentados recién el 14 de julio de este año.
Al respecto, se le pidió las razones del por qué los envió tarde, a lo que respondió extrañamente “que son varios documentos los que envía la JNJ”.
Los congresistas insistieron en el tema y, ante un aparente nerviosismo, Tumialán le cedió la palabra a Abad.
El caso de Antonio de la Haza fue el mismo que el de Zavala: Hubo fricciones y limitó sus respuestas.
Una de las interrogantes que se le formuló fue si se había reunido con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, a lo que respondió que “como funcionario me reúno con funcionarios de primer nivel”.
Luego, cedió la palabra a su abogado y se suspendió la sesión.
El siguiente fue Henry Ávila, que tomó la palabra unos segundos y luego se la cedió a Samuel Abad.
Tras esto, Patricia Juárez cuestionó la estrategia.
Reclamó que en todos los casos se hayan negado a responder. “Que quede en el acta y que la opinión pública conozca que hay una negativa de dar respuestas sobre hechos”, criticó Juárez.
Consideró que el abogado Abad no fue parte de los hechos y que por lo tanto no debía responder cada caso.
Ávila, a su turno, decidió responderle que ya se envió respuestas por escrito a la comisión. “A mí no se me puede coaccionar a que responda. Tengo la libertad en este caso y he pedido al señor Abad que responda”, retrucó.
Por su parte, la integrante de la JNJ Luz Tello llegó acompañada de su abogado Omar Cairo, quien afirmó que su patrocinada “no iba a responder ninguna pregunta porque no hay interrogatorio jurídico válido. No responderá ni lo de la edad ni lo del comunicado ni ninguna otra pregunta porque este es un procedimiento que no está regulado, que es informal y como tal las preguntas serían informales”.
Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez fueron los últimos y optaron por una estrategia similar: La de torear su propia defensa.
