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El legislador del Bloque Magisterial (BM) Edgar Tello se sumó a la creciente lista de parlamentarios acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores en el Congreso. Solo en lo que va del año, al menos ocho parlamentarios de diversas bancadas se han visto involucrados en este tipo de casos.
El dominical Punto Final difundió la denuncia de una trabajadora gestante que sindicó a Tello de recortar el sueldo a su personal y hostigarla por negarse a entregar una parte de su salario.
El hecho conllevó ayer a que la Procuraduría General del Estado (PGE) denunciara al legislador ante la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de concusión.
“El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó denuncia contra el congresista Edgar Tello ante la Fiscal de la Nación, por el delito de concusión, a raíz de presuntos cobros que habría realizado a sus trabajadores”, indicó la entidad mediante sus redes sociales.
EL CASO. El último domingo se difundió un reportaje en el que una trabajadora del parlamentario Edgar Tello, cuya identidad se mantiene en reserva, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en 4 600 soles con el bono entregado por el Parlamento en abril pasado. Añadió que incluso le alcanzó una proforma del producto.
“Al mismo congresista le dije: esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije: ‘No’. No es que no podía, (es que) no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, indicó la mujer al dominical.
Aseveró que el parlamentario quiso cesarla a principios de mayo, pero el hecho no se concretó dado su estado de gestación. No obstante, pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidida por el docente.
La exasesora denunció el hecho ante el Ministerio de Trabajo, tras lo cual empezó el hostigamiento y acoso en su contra. Dijo que se le prohibió ir a los servicios higiénicos, consumir alimentos durante las jornadas laborales y fue anotada en un cuaderno cuando acudió al baño “sin avisar a nadie”.
La trabajadora sostuvo que Tello habría “exigido” a otros trabajadores de la comisión comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego él dona a comedores populares.
El dominical también compartió chats que comprometerían aún más al legislador. Otros dos extrabajadores indicaron al medio que el parlamentario descuenta sueldo a todo el personal de su despacho.
En un audio difundido en el reportaje, otro trabajador reconoce el recorte que se hace, pero precisa que este es voluntario.
A esta situación, se sumó el hallazgo de un documento remitido a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú, un despacho diplomático de Taiwán, para solicitar una donación de 8 mil dólares para adquirir ollas y cocinas, pese a que el artículo 7 del Código de Ética del Congreso señala que los legisladores no pueden recibir donaciones.
Consultado sobre el tema, Edgar Tello negó haber hecho el citado requerimiento y aseveró que fue la embajada la que le hizo llegar la “ayuda humanitaria”.
SE DEFIENDE. En un pronunciamiento, el legislador se victimizó y dijo que, desde el comienzo de su gestión, un “sector de la prensa ha venido difundiendo información tendenciosa” sobre su trabajo en el Congreso.
En el escrito reconoció que solicitó un “apoyo” a la delegación taiwanesa, pero precisó que este pedido surgió de parte de las “Ollas Comunes”. Respecto a la denuncia de la trabajadora, alegó que solo es una represalia para denigrar su imagen.
Acusó a la denunciante de cometer “múltiples faltas laborales”, lo que habría podido causar la pérdida de confianza y su posterior cambio de puesto.
Respecto a la parte de la acusación sobre los servicios higiénicos, indicó que en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo existe solo un baño y que el personal que desea utilizar los demás servicios del inmueble puede hacerlo en cualquier momento, “con la única sugerencia que al salir de la oficina se anoten en un cuaderno de desplazamiento”.
REACCIONES. Al respecto, el parlamentario de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya propuso el desafuero para sus colegas acusados de ser “mochasueldos”.
Sostuvo que, al interior del Parlamento se debe establecer parámetros para actuar ante estos casos.
“Yo considero, no es que se le niegue el derecho a defensa, pero deberíamos tener un acuerdo de establecer qué parámetros pueden confirmar una acusación de esta naturaleza y proceder a desaforarlo, y que la justicia haga su trabajo dándole el derecho a defensa”, dijo a RPP.
Montoya advirtió que la revelación de nuevos casos demuestra que “estamos ante una crisis de valores que debe ser cortada radicalmente, si queremos cambiar”.
Por otro lado, Edward Málaga (no agrupado) manifestó que este tipo de señalamientos desacredita al Parlamento y “pinta una imagen general de que todos los congresistas son así”.
LECTURA. En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión explicó que los actos revelados en el caso del parlamentario Edgar Tello dan lugar a la denuncia de la Procuraduría General por el delito de concusión.
No obstante, consideró que el recorte de salarios también configuraría el presunto delito de enriquecimiento ilícito, un aspecto “que el Ministerio Público no está advirtiendo en estos casos”.
“(La pena de cárcel) por concusión va de 2 a 8 años de pena privativa de libertad, y el delito de enriquecimiento ilícito va de 5 a 10 años. Si se combinan, son dos delitos, la pena incrementaría”, remarcó a este diario.
Carrión también cuestionó que existan cada vez más denuncias contra congresistas por recortes de sueldo.
Agregó que la cifra de estos casos podría ser mayor, pero que estos todavía no se conocen por posibles amenazas.
“De hecho (quienes denuncian) deberían pedir garantías ante la Subprefectura e informar inmediatamente a la Fiscalía de la Nación de estos actos de intimidación o coacción que están teniendo efectos de no insistir en su declaración o acusación”, resaltó el letrado.
