El Poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Dina Boluarte envió al Congreso de la República el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal, también conocida como ley MAPE, una iniciativa que tiene por objetivo regular las actividades en la minería, entre ellas, reemplazar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Sin embargo, la iniciativa también otorga una prórroga de seis meses para la inscripción en el Reinfo, lo que en la práctica permitirá que al menos 70 mil mineros que tienen la condición de suspendidos por no haber cumplido con los requisitos de formalización, puedan extraer minerales sin recibir una sanción.
PRÓRROGA
La propuesta del Ejecutivo enviada con carácter de urgencia señala en una de sus disposiciones complementarias que los procedimientos administrativos iniciados en el marco del proceso de formalización de minería integral ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), continúan su trámite ante dicha instancia durante seis meses, desde el día hábil siguiente a la publicación de la ley.
Es decir, que si la ley MAPE se promulga, habrá un plazo de seis meses para los que se encuentran en el Reinfo.
En ese sentido, se precisa que culminado el plazo de seis meses, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asumirá, de manera exclusiva e integral, las funciones otorgadas a la DREM relacionadas con el proceso de formalización minera integral, lo que le permitirá tramitar y resolver los procedimiento en curso.
La DREM tendrá un plazo de 60 días hábiles para enviar todos los expedientes relacionados con procesos de formalización minera en trámite.
DETALLES
Uno de los aspectos de la propuesta refiere que mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se pueden establecer áreas especiales para el desarrollo de actividades de minería artesanal, destinadas a la explotación de minerales en áreas de libre disponibilidad.
Dichas áreas son establecidas por un plazo de tres años y la autorización es emitida por el gobierno regional a favor del PMA que acredite cumplir con los requisitos.
Además, el Minem implementará y administrará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMA) como una plataforma informática que integrará información relacionada con la pequeña minería y minería artesanal.
Este sistema registrará la calificación como productor minero artesanal o pequeño productor minero, las autorizaciones y título habilitantes emitidos por cada gobierno regional, la certificación ambiental, los contratos de uso de terreno superficial, los contratos de explotación o concesiones mineras de titularidad, entre otros aspectos.
Otro aspecto que explora la propuesta son incentivos de contratos de explotación.
Señala que los titulares de concesiones mineras, incluyendo pequeño productor minero y productor minero artesanal, que suscriban contratos de explotación formales, estarán exonerados de penalidad y derecho de vigencia de la concesión por dos años consecutivos.
Por otro lado, se precisa que el Reglamento se aprobará dentro de los 180 días calendarios posteriores a la publicación de la ley.
La propuesta también menciona que dentro de los 90 días calendarios posteriores a la entrada en vigencia de la ley, a propuesta del Ministerio del Interior, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y el Minem, se aprobará un régimen especial para la compra, transporte, almacenamientos y uso de explosivos utilizados en la pequeña minería y minería artesanal.
ANÁLISIS
Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el aspecto principal que falta en la norma es la capacidad del Estado para poder controlar a la minería.
“Yo no veo en la ley cómo va a hacer el Estado para poder realmente fiscalizar, debería haber un documento sobre los recursos que se utilizarán para fiscalizar”, indicó.
En diálogo con Correo, el ingeniero también se refirió al plazo de 180 días para establecer el reglamento.
“Se extiende la situación del Reinfo y le da un plazo de 60 días, en el cual el Reinfo va a dejar de estar a cargo de las direcciones que tienen los gobiernos regionales y van a ser transferidas al Minem. Esto viene a ser en la práctica una extensión del Reinfo, por seis meses”, apuntó.
Desde su punto de vista, el Estado no tiene la capacidad para ejercer control, por lo tanto, debe establecer primero un plan.
“No se trata solamente de establecer leyes y promulgarlas, sino también hacer las reglas del juego que se tienen que seguir, pero ¿qué pasa con los que no quieren seguir esas reglas”, sostuvo.
Finalmente, consideró que no se podría afirmar que con la propuesta del Ejecutivo se vayan a reducir los índices de informalidad en la minería.
“Tal y como está son algunas mejoras, actualizaciones, buenas intenciones, pero no muestra una capacidad para ejecutarlo”, agregó.
Por su parte, Daniel Palomino, abogado senior de Energía y Minas del Estudio Muñiz, consideró que la iniciativa es insuficiente.
“El gran problema que debía resolverse con esta normativa era qué hacemos con la superposición entre el minero informal y su labor minera en vías de formalización y la concesión minera de un tercero. Y en ese ámbito, el proyecto guarda silencio”, dijo.
En diálogo con Correo, el experto indicó que la norma regula que el proceso de formalización no va a culminar el 31 de diciembre de este año, tal como aprobó el Congreso al ampliar el Reinfo, sino que habrá una prórroga tácita.
“Esta prórroga está condicionada a que en los siguientes seis meses de aprobada la ley, ya el gobierno regional competente debe culminar con el trámite de formalización del minero, sino lo hacen, el expediente pasa al Minem para que sea el encargado de resolver”, precisó.
“Lo que se ha hecho de forma tácita, es ampliar la vigencia del Reinfo. Van a tener seis meses para culminar con el proceso de formalización”, agregó Palomino.
Sin embargo, mencionó que la norma no precisa qué tiempo tendrá el Minem para decidir la situación de esos mineros. “La ley guarda silencio sobre eso. De hecho, la ley guarda silencio sobre el 70% de los principales problemas que aquejan a la minería artesanal y de pequeña escala y a la minería informal, dejando toda la resolución del problema al reglamento que deberá ser muy específico”, afirmó.
POSTURA
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que la ley MAPE tiene como objetivo brindar a los mineros la oportunidad de ser parte de un proceso de formalización.
“Desde que se emita la ley podrán participar en el proceso de formalización durante un plazo de 6 meses. He sido crítico de la burocratización que ha habido y por ello hemos derribado trámites para que el procedimiento sea sencillo”, indicó.
Por su parte, el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) cuestionó al titular del Minem, Rómulo Mucho.
“Hay una irresponsabilidad absoluta de parte de un ministro que luego de más de dos años ha entregado un proyecto que no soluciona absolutamente nada, no establece plazos, no establece procedimientos, no busca un proceso de sinceramiento para que las personas que buscan una formalización tengan un camino que seguir”, declaró en canal N.
Desde su punto de vista, Mucho debe explicar si “el Ejecutivo busca empujar al Congreso a tomar una decisión apresurada”.
“¿Por qué se han demorado tanto enviado un proyecto tan malo? Si es que existe la posibilidad de ampliación, será con reglas claras”, dijo.
Precisamente, la congresista Diana Gonzáles (Avanza País) presentó una moción al presidente de la Comisión de Energía y Minas para que el ministro Rómulo Mucho sea citado al grupo de trabajo para explicar la ley MAPE.
Por ahora, hay consenso de parte de las bancadas para aprobar la moción.
En paralelo, un grupo de mineros artesanales hicieron una protesta en los alrededores del Legislativo para exigir una ampliación del Reinfo por dos años, de no ser escuchados, adelantaron que convocarán a un paro nacional.
