Ley mordaza: Gobierno de Pedro Castillo presenta proyecto que penaliza la filtración de información de investigaciones

En medio de la revelación de hechos graves de corrupción del Gobierno de Pedro Castillo evidenciados por los medios de comunicación, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que pretende penalizar con pena de cárcel la difusión de información reservada de investigaciones penales.

La iniciativa denominada “ley mordaza” acusa a los medios de comunicación de generar una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos y atribuir -a priori- responsabilidad en personas investigadas.

Incluso, aseguran que los medios ejercen “dinámicas de presión hacia los operadores de justicia alentadas sobre falsas expectativas”.

SANCIONES

La propuesta busca que si el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, proporcione o difunda información de carácter reservada, será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años.

Si la conducta descrita antes la realiza un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de tres años.

Además, si todos los antes mencionados difunden la información a través de los medios de comunicación social u otra de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Cabe precisar que el proyecto sostiene que los diferentes canales y medios de comunicación social difunden información reservada concerniente a investigaciones penales.

Estos incluyen el resultado de actos de investigación, relatos, testimoniales, identidades de aspirantes a colaboradores eficaces y/o testigos incluyendo el sentido de determinadas disposiciones y/o resoluciones en general, incluyendo las estrategias de las partes, así como las solicitudes formuladas por las partes.

Precisamente, los puntos antes mencionados han sido parte de la información que han difundido los medios sobre las graves acusaciones de corrupción de la gestión de Castillo Terrones.

DEFENSA

Ayer, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el premier Aníbal Torres defendió la propuesta del Gobierno.

“El fiscal, abogados y otros no pueden difundir información por una razón, porque hay que preservar la presunción de inocencia de las personas”, afirmó.

En ese sentido, consideró que mantener la reserva de la investigación fiscal protege los derechos fundamentales de las personas.

“¡No es una ley mordaza! Tiene su razón de ser y en algunos casos, la reserva y el secreto de los hechos”, precisó.

En la misma línea se pronunció el ministro de Justicia, Félix Chero, quien afirmó que solo buscan proteger las investigaciones que tienen de calidad reservada.

“(Muchas veces) se termina rotulando o etiquetando a una persona que es inocente como si fuera presunta responsable de la comisión de un delito y se le pone ese etiquetamiento”, señaló.

Además, el titular de Justicia dijo que los que ejercen el periodismo no serán afectados, pues tienen el derecho a mantener en reserva sus fuentes.

“No hay ninguna intención encubierta en el proyecto. Queremos proteger los derechos fundamentales, no hay que poner en riesgo la colaboración”, sostuvo.

Ambos coincidieron en que será el Congreso la institución encargada de determinar si la iniciativa prospera o no.

RECHAZO.

Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reafirmó su posición en contra de la ley mordaza.

“De ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país”, señalaron en un comunicado.

La ANP advirtió que la iniciativa del Gobierno vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar.

El gremio destaca que los motivos expuestos en la propuesta del Gobierno de Castillo evidencian que lo que se pretende es encapsular las investigaciones que son de interés pública.

Cabe precisar que la propuesta fue calificada como “inconstitucional” por el abogado Carlos Caro Coria.

Esto debido a que al sancionar la difusión de información a través de medios de comunicación u otros masivos (como redes sociales), “el periodista o comunicador podría ser imputado como cómplice del delito”.

VOCES

La propuesta también fue rechazada desde el Congreso.

“Esa barbaridad que acaban de presentar no merece ni ser discutida simplemente enviarla al archivo”, dijo Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).

Su compañera de bancada, Vivian Olivos, adelantó que no avalará la iniciativa.

“¡No a la ley mordaza! ¿De qué tiene miedo señor Castillo? ¡Quizá que se conozcan todos sus actos de corrupción!”, afirmó.

Mientras que Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la ley limitaría la labor de la prensa y vulneraría el derecho a la información de todos los peruanos.

En ese sentido, recordó que ya existen sanciones administrativas para estos casos, pero utilizar el derecho penal para poder corregir esta situación sería un exceso.