Al menos 10 virtuales parlamentarios han enfrentado cuestionamientos por presuntos vínculos con el terrorismo, ser parte del entorno del golpista Pedro Castillo o promotores de medidas extremas como cambiar la Constitución para romper el orden que mantiene la estabilidad económica.
El nuevo Congreso bicameral se instalará luego de la proclamación de los resultados oficiales y marcará el retorno, luego de más de tres décadas, a un sistema legislativo compuesto por dos cámaras.
Este será integrado por 130 diputados y 60 senadores, quienes asumirán funciones en representación nacional y regional en un escenario político fragmentado.
Sin embargo, Correo identificó a por lo menos 10 virtuales legisladores que enfrentan serios cuestionamientos por presuntos vínculos con el terrorismo, cercanía al entorno del golpista expresidente Pedro Castillo o por respaldar medidas inconstitucionales.
ESTOS SON
Iber Antenor Maraví Olarte figura como virtual senador de Juntos por el Perú (JP) con 26,037 votos preferenciales, pese a que registra antecedentes sindicales y políticos en Ayacucho.
Un atestado policial de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recoge declaraciones que lo vinculan con presuntas acciones subversivas en la década de 1980.
Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien señala a Maraví como participante en el apedreamiento de un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.
No obstante, dichas imputaciones no han derivado en sentencia judicial. Maraví ha rechazado estas versiones y sostiene que no tienen sustento.
Otro es el caso de César Hugo Tito Rojas, virtual diputado de JP por Puno con 17,442 votos preferenciales.
El docente fue identificado por investigaciones policiales como dirigente del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.
Según la Dircote, Tito Rojas visitó a senderistas presos en el penal de Yanamayo entre los años 2000 y 2004.
En las actas para la fallida inscripción del Movadef de 2011, presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Tito Rojas aparece como presidente del comité electoral de esa organización.
También podemos mencionar a Serafín Andrés Luján, eventual senador de JP por Huánuco, con 10,388 votos, y quien integra la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp).
Este dirigente cocalero aparece en el proceso judicial contra el excongresista Guillermo Bermejo, en el que participó como testigo.
Sin embargo, durante una audiencia se conoció que el Ministerio Público lo investiga por presunto delito de terrorismo desde el año 2020.
CASTILLISTAS
En esta lista también destaca Yenifer Paredes Navarro, cuñada del golpista Castillo y quien sería parte de la Cámara de Diputados y de la bancada de JP, ya que en Cajamarca cosechó 57,084 votos preferenciales.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) la investiga como presunta integrante de una red criminal que operó en el Ministerio de Vivienda y cuyo cabecilla, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, era el propio Castillo.
En agosto de 2022, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 30 meses de prisión preventiva contra Paredes, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida por mayoría, dispuso su excarcelación y la cambió por una comparecencia con restricciones.
Su tío José Mercedes Castillo Terrones llegaría al Parlamento como virtual senador de JP.
Su vínculo con el golpista expresidente es explícito, pues se trata de su hermano.
Su perfil consigna educación básica completa sin estudios superiores.
En un mitin político, realizado el 4 de abril en Secocha (Arequipa), José Mercedes Castillo formuló un encendido llamado a dirigentes mineros.
“Tenemos que llegar con un ejército de senadores y diputados (...) Si no, no nos van a dejar gobernar”, arengó a los asistentes.
También se puede destacar el caso de la legisladora Silvana Robles Araujo, extitular de Cultura de Castillo y virtual senadora de JP.
Su designación como ministra generó cuestionamientos, pues es cirujano dentista. Renunció a dicho portafolio el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de autogolpe de Castillo.
En un mitin en Cajamarca, el 12 de febrero último, la exministra declaró ante sus seguidores que “todo el Perú tiene que reivindicar a nuestro presidente (Castillo)”.
“Un presidente que puso el pueblo peruano, que los grupos económicos lo sacaron”, agregó Robles.
Constitucional
La asamblea constituyente es el eje del discurso de la izquierda radical –desde el gobierno de Castillo– para cambiar la Carta Magna del Perú.
Víctor Raúl Cutipa Ccama, congresista de la bancada JP, sostuvo la necesidad de insistir en una asamblea constituyente. Su participación política se ha centrado en promover reformas estructurales del orden constitucional vigente.
Él entraría al Congreso bicameral como senador de Juntos por el Perú, con casi 2,000 votos.
Tampoco se puede pasar por alto a Jaime Quito Sarmiento, virtual senador con 83,982 votos y autor de iniciativas legislativas orientadas a convocar un referéndum para una nueva Constitución.
Asimismo, fue autor principal de una ley de reforma constitucional que disponía el adelanto de elecciones generales y un referéndum para convocar una asamblea constituyente en 2023, tras el fallido golpe de Estado.
Al Parlamento también llegaría Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso y expremier del golpista Castillo.
Ella llegaría al Senado en las filas de Ahora Nación gracias a los 91,518 votos que consiguió.
Durante su gestión, reconoció la posibilidad de una asamblea constituyente como un proceso de largo plazo sujeto a condiciones políticas y sociales.
Cerramos la lista con Ruth Luque, virtual senadora de Ahora Nación con 101,875 votos.
En más de una ocasión, ella ha manifestado su respaldo al debate sobre una nueva Carta Magna.
Aunque apuesta por una asamblea constituyente, ha reconocido que actualmente no existe el consenso político ni los votos necesarios para tal fin.
Riesgos
El consultor Pedro Yaranga advirtió que la llegada de legisladores investigados por terrorismo es un riesgo para el nuevo Parlamento.
“La función que tienen actualmente es aprovechar los espacios que deja la democracia, probablemente para intentar introducir algo que favorezca a su organización”, advirtió el especialista.
