Con 18 meses al mando de la Defensoría del Pueblo, el abogado Josué Gutiérrez ya acumuló media docena de desatinos de diversa índole en su gestión, de acuerdo a un recuento realizado por Correo.
Algunos de estos yerros son más graves que otros, pero una mayoría está relacionada a la defensa de personajes afines a su perfil ideológico como el presidente Nicolás Maduro, la exprimera dama Nadine Heredia e incluso -ahora último- el cabecilla etnocacerista Antauro Humala.
Estas expresiones serían ajenas a las funciones del defensor y que debería centrarse en el resguardo de los derechos humanos y constitucionales, velar por los derechos de pueblos indígenas e inspeccionar las dependencias y establecimientos de órganos del Estado.
RECUENTO
Gutiérrez tiene 555 días en el cargo, contados desde el 19 de mayo de 2023 cuando asumió la jefatura de la Defensoría.
Desde el inicio de su gestión, Gutiérrez dio muestras de su impericia. El 23 de mayo de 2023, el defensor se reunió con Roger Ayachi, líder de la agrupación extremista “Los Combatientes”, un grupo cercano a La Resistencia, involucrado en violencia y ataques a periodistas.
La cita se realizó al interior de la institución y recibió críticas de varios sectores, que cuestionaron su cónclave con gente de ultraderecha y que usa la violencia contra rivales políticos.
Para justificar su encuentro,la Defensoría emitió un comunicado alegando que dicha reunión fue para escuchar sus pedidos.
Días después, en junio de 2023, llamó la atención que se empezaran a producir una serie de renuncias en la institución, las cuales se extendieron hasta 2024.
Este hecho se dio debido a que Gutiérrez invitó a los funcionarios a renunciar bajo la premisa de que la institución iniciaba una etapa de “relanzamiento”.
Se conoció que por lo menos 8 funcionarios dejaron las adjuntías de la Defensoría: Matilde Cobeña; de la Adjuntía Niñez y Adolescencia; Alicia Abanto, primera adjunta; Susana Silva Hasembank; de Lucha contra la Corrupción; Alberto Cruces Burga, de Asuntos Constitucionales; Carolina Garcés Peralta, del área de Derechos de la Mujer; y Percy Castillo, de Derechos Humanos y Discapacidad.
Quienes se sumaron a esas renuncias este 2024 fueron Rolando Luque Mogrovejo de la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, y Lissette Vásquez, quien se desempeñaba como adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
CON NOMBRE PROPIO
Pero hay más. El 10 de agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo pidió a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que se pronuncie sobre el decretado impedimento de salida del país en contra de Nadine Heredia, quien solicitó viajar a Colombia por temas de salud.
Se trataba de una recomendación elaborada a nombre de la institución y que se basó en criterios legales para que la exprimera dama Nadine Heredia pudiese salir del país.
La recomendación sirvió a la defensa de Heredia para que pueda ser utilizada en posteriores casos.
Al respecto, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía investigar a Gutiérrez por su supuesta intromisión ante el Poder Judicial.
Heredia es investigada por los aportes irregulares a las campañas presidenciales de 2006 y 2011 a su esposo Ollanta Humala, de cuyo partido Gutiérrez fue congresista.
Sobre ese tema, el defensor indicó que la recomendación de la Defensoría fue un tema “institucional y no personal”.
OTRAS PERLAS
En agosto de 2024, el defensor del Pueblo cuestionó las declaraciones del entonces canciller Javier González-Olaechea, quien había criticado durante su intervención en la OEA el fraude de los comicios en Venezuela y que llevó al sátrapa Nicolás Maduro al poder.
Insólitamente, Gutiérrez pidió mesura y “prudencia” al entonces canciller.
“Lo único que pedía era prudencia. Hoy acabo de conversar con el canciller, posterior a todo lo que ha pasado”, dijo el defensor a Canal N.
Cuando se le consulto sobre si en Venezuela había una dictadura, respondió que “no podría decir si hay democracia o no, no me corresponde a mí hacer una verificación”.
Hoy ningún régimen democrático reconoce el “triunfo” de Maduro, pero el defensor se negó a ver lo evidente.
NO SE CANSA.
Más recientemente, el 10 de agosto de este año, el defensor presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de varios artículos del Decreto Legislativo No. 1373 o también llamada Ley de Extinción de Dominio.
Como se recuerda, dicho dispositivo con rango de ley busca que aquellos bienes adquiridos ilícitamente por personas procesadas por corrupción u otros delitos, pasen a la titularidad del Estado.
Su justificación fue que con dicha norma se aplicaba la retroactividad cuando esa figura se encuentra prohibida en la Constitución. Asimismo, dijo, se vulnera el derecho a la propiedad y varios principios como el de tipicidad y presunción de inocencia.
Se deslizó que con esa norma se pretendía beneficiar al prófugo Vladimir Cerrón, quien tuvo como abogado a Gutiérrez, y que por esas fechas tenía una decisión sobre extinción de dominio pendiente.
El último viernes, el defensor del Pueblo se pronunció en contra de la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), liderada por el cabecilla etnocacerista Antauro Humala.
En sus declaraciones, Gutiérrez indicó que dicha decisión fue un abuso de derecho.
“Las organizaciones políticas no cometen delitos; sus representantes pueden ser, pero le pongo un ejemplo. De las decenas o miles que pueden estar inscritos en ese partido, si uno de ellos aspiraba a postular a congresista, gobernador o alcalde, al eliminar ese partido lo estás perjudicando”, señaló sobre los seguidores del asesino de policías
