Al parecer, los altos directivos del partido político Alianza para el Progreso (APP) abrigan esperanzas de que la congresista Magaly Ruiz Rodríguez pueda salir bien librada de las denuncias constitucionales que ha planteado la Fiscalía de la Nación en contra de ella.
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El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, le dijo ayer a Correo que espera que la parlamentaria liberteña pueda aclarar las denuncias en su contra.
Los casos
Según el Ministerio Público, la congresista Magaly Ruiz Rodríguez habría incurrido en la presunta instigación a la comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
La congresista apepista habría instigado al fiscal provincial Richard Rojas Gómez para que interceda ante el personal fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que estaba a cargo de la investigación que se le sigue por el recorte de sueldos en su despacho, conocido como caso “Mochasueldo”.
El pasado 25 de abril, la Fiscalía interpuesto una denuncia constitucional contra Magaly Ruiz por presunta concusión y colusión agravada. La indagación se abrió luego de que un programa periodístico revelara testimonios sobre contrataciones irregulares y recorte de sueldos a sus empleados.
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Sigue con licencia
A pesar de la grave situación legal de la parlamentaria, Luis Valdez cree que todo se esclarecerá. “Mientras se resuelva su situación, ella sigue con licencia en el partido”, señaló Luis Valdez.
Empero, desde las redes oficiales de comunicación de APP, y de la misma parlamentaria, se sigue presentando como militante activa del partido que lidera César Acuña Peralta.
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Otra visión
No obstante, el abogado Julio Castiglioni Ghiglino tiene una visión distinta del panorama que se abre para Magaly Ruiz.
El letrado sostuvo que con las dos denuncias constitucionales que el Ministerio Público ha planteado ante el Congreso, el destino de la legisladora es la destitución y la inhabilitación para volver a ejercer un puesto en el sector público.
“Ha hecho bien el Ministerio Público en denunciarla y creo que la Comisión de Constitución del Congreso debería recomendar su destitución”, recalcó.
Castiglioni señaló que esta situación le hace bastante daño a la imagen de Alianza para el Progreso, de cara a futuras pretensiones electorales.
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