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El excongresista de Acción Popular, Manuel Merino, señaló que la denuncia constitucional en su contra por la muerte de dos manifestantes durante las protestas en contra de su nombramiento como un “atentado contra la democracia”.
“No existe alguna responsabilidad penal como Presidente de la República por los hechos acontecidos en las manifestaciones ciudadanas, configurándose así un atentado contra la democracia pretender conminar al Congreso a aprobar una denuncia constitucional a todas vistas ilegal y contraria al derecho”, indicó en un comunicado por redes sociales.
Merino asumió el cargo de presidente de la República tras la aprobación de la vacancia por incapacidad moral contra Martín Vizcarra ya que, como titular del Parlamento, asumió el cargo vacío en el mes de noviembre del 2020.
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En ese contexto, se llevaron a cabo protestas ciudadanas que motivaron su renuncia tras seis días en el cargo. Durante las manifestaciones, además de decenas de heridos, fallecieron dos jóvenes por lesiones por perdigones: Into Sotelo y Bryan Pintado. Por esto, fue acusado por el presunto delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves por omisión impropia.
Sobre estos cargos, el exlegislador acusó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de mentir por indicar que conocía el desenlace que tendrían las protestas ya que, según manifestó, el plan operativo contra las protestas era manejado “única y exclusivamente” por la policía”.
“Siempre exhorté a que su actuación sea en irrestricto respeto de los derechos constitucionales”, aseguró Manuel Merino, quien también argumentó que él no llegó a asumir formalmente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La tesis de la fiscal de la Nación es que Merino de Lama, así como el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020.
“Resulta razonable sostener que, en el contexto de los hechos, los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas. Para decirlo en términos más directos tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, argumenta la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación.
