Excancilleres piden a la OEA enviar Misión lo más pronto ante situaciones que pueden afectar gravemente la democracia

En la carta se subraya la preocupación por la represión abusiva de los policías contra los jóvenes que en los últimos días salieron a las calles a protestar contra Manuel Merino. (Fotos : Jesús Saucedo / @photo.gec)

Actualizado el 13/11/2020, 10:15 p.m.

Excancilleres peruanos enviaron una carta enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) para mostrarle su preocupación ante la crisis política que atraviesa el país tras la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra e investidura de Manuel Merino.

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Los extitulares de la cartera de Relaciones Exteriores: Allan Wagner Tizón, Manuel Rodríguez Cuadros, Diego García Sayán Larrabure, Eduardo Ferrero Costa, Rafael Roncagliolo Orbegoso, Oscar Maurtua de Romaña y Eda Rivas Franchini firmaron y enviaron la misiva al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Represión abusiva de los policías

En la carta se subraya la preocupación por la represión abusiva de los policías contra los jóvenes que en los últimos días salieron a las calles a protestar contra Manuel Merino.

Disturbios y detenidos en la protesta por la vacancia del presidente vizcarra en el Centro de Lima. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

“En nuestra condición de exministros de relaciones exteriores de la República del Perú, nos dirigimos a usted en relación con la grave situación política e institucional que vive el país y que afecta su institucionalidad democrática. Las características y modalidades del cambio de gobierno que se ha producido en el país son contestadas por un sector mayoritario de la población, que cuestiona su legitimidad”, se indica.

Se precisa que diversos sectores sociales -especialmente las juventudes- se encuentran ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y a la movilización política y social, amparados por las leyes y la Constitución.

“La respuesta de las fuerzas policiales y de gobierno ha producido detenidos y heridos. Existen denuncias serias sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la misma que debe ejercerse de manera proporcional y no abusiva, en conformidad con los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y Las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Resolución de las Naciones Unidas 45/121, de 14 de diciembre de 1990)”, se lee en la carta.

Por ello, consideran que es indispensable que la acción estatal y de las fuerzas del orden se enmarquen estrictamente en las leyes internas y en los instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico internacional y del orden jurídico interno, como el Pacto de Derechos y Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Que se respeten plenamente los derechos humanos y políticos de la población y no se vulnere la seguridad jurídica”, se subraya.

Así, los excancilleres indican que con la finalidad de coadyuvar a los esfuerzos que en esa dirección deben realizar el Estado, todas las fuerzas políticas y los movimientos sociales, “hacemos alto aprecio de la decisión adoptada por usted, en su condición de Secretario General de la OEA, de enviar al Perú una Misión Electoral” para contribuir a que las elecciones que tendrán lugar el 11 de abril del 2021 sean plenamente democráticas y justas.

Enviar la Misión lo más pronto posible

“Solicitamos que pueda usted enviar la Misión lo más pronto posible, dada la existencia de situaciones que pueden afectar gravemente las condiciones de la vida democrática en el país”, piden los exministros.

Consideran asimismo, que el mandato de la Misión conforme a las normas de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana de Derechos humanos, debe incluir la observancia de la evolución de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país; el respeto al principio de legalidad; las condiciones de vida democrática que garanticen un proceso electoral democrático y justo.

Así como "la vigencia de la división y autonomía entre los poderes del Estado; el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales; especialmente los derechos de reunión, asociación, libertad y seguridad personales; el no uso abusivo y desproporcional de la fuerza pública; y la efectividad de las garantías judiciales”.