Marchas, muertes y acusaciones: Un año después

A un año de las marchas y protestas que culminaron con las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, la Policía Nacional reactivó las denuncias contra once jefes y oficiales presuntamente involucrados en los decesos.

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La resolución proviene del Tribunal de Disciplina Policial que es la última instancia en lo que atañe a investigaciones internas en la PNP.

Con este dictamen, el Tribunal Policial dispone anular la resolución de la Inspectoría General de la Policía Nacional que, recientemente, había absuelto a los 11 efectivos involucrados en las acciones de control de las marchas de noviembre de 2020.

El ministro del Interior, Avelino Guillén, al comentar sobre tal archivamiento, el viernes, se cuidó de enfatizar

que aún faltaba el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina Policial, la última instancia en el asunto. Este pronunciamiento ocurrió ayer.

En opinión del abogado Ronald Gamarra, abogado de la familia de las víctimas, la decisión del Tribunal de Disciplina PNP es favorable para el desarrollo de las investigaciones.

“Se acabó la impunidad. Tribunal de Disciplina Policial declara nulidad de disposición de inicio del procedimiento administrativo contra miembros de Policía Nacional por hechos de noviembre de 2020, y de resolución de Inspectoría General que los absolvió. Ordena que todo se inicie de nuevo“, manifestó en su cuenta de Twitter.

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SE DEFIENDE

No obstante, una percepción diferentes es la que tiene uno de los involucrados: El expremier Ántero Flores-Aráoz.

En declaraciones a Correo, comentó algunos aspectos de la denuncia de la Fiscalía de la Nación, según el cual los tres exfuncionarios habrían incurrido en “homicidio por omisión” y emitido disposiciones a la PNP para una represión desproporcionada.

“No hubo esas órdenes, como ya está probado”, asegura el expremier.

“Incluso - agrega- la fiscal de la Nación, como no encuentra responsabilidad directa, nos quiere achacar una responsabilidad no por hacer, sino por no hacer. Francamente, de locos “.

Flores-Aráoz afirma que en los días que desempeñó el cargo cumplió con sus obligaciones como funcionario del Estado. “Lamentablemente, las cosas se desbordaron y nos vimos todos obligados a renunciar para evitar más derramamiento de sangre”, aseveró.

VERSIÓN

“Nosotros no somos responsables”, se defendió el expresidente Merino en referencia a las muertes de los dos jóvenes y decenas de heridos en declaraciones a Exitosa.

“Tiene que hacerse una investigación donde realmente se quiera encontrar a los culpables”, dijo, tras remarcar que en las marchas también hubo 80 policías heridos.

En ese sentido, subrayó que es el Ministerio Público el que debe establecer las responsabilidades en la PNP.

Por lo demás, Merino sostuvo que no se arrepiente de haber propiciado la vacancia de Martín Vizcarra.

“Más bien -dijo- la historia nos está reivindicando”, en alusión a las investigaciones fiscales que demostraron el involucramiento del expresidente en actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

HISTORIA

Hoy se cumple año de las marchas que propiciaron la caída del régimen de Manuel Merino de Lama, dando paso a la administración transitoria de Francisco Sagasti.

El efímero gobierno de Merino, que no duró sino seis días, se había instalado en reemplazo del que presidió el vacado Martín Vizcarra.

Pues bien: en el ámbito político, las investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino, el premier Ántero Flores Aráz y Gastón Rodríguez (ministro del Interior) llegaron a la conclusión de que los tres citados responsables de haber dispuesto el " uso desproporcionado de la fuerza “y no haber evitado una represión violenta.

El despacho de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Zoraida Ávalos, elevó en octubre pasado la imputación preliminar ante el Congreso de la República.

Ahora será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Rocío Torres Salinas (APP), la encargada de procesar la denuncia. Aún no existe una fecha fijada.

Allí se producirá el llamado antejuicio político, un procedimiento constitucional exclusivo para presidentes de la República y ministros de Estado. Es decir, la suerte jurídica de los tres imputados está en manos del Congreso.

NO VA A PROSPERAR

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio existe un sesgo en la indagación por las muertes durante las protestas de 2020. Solo se investiga al entorno de Merino de Lama y no a los instigadores, afirma. “Ellos tiene la misma responsabilidad que los autores o cómplices. Me refiero a los parlamentarios que motivaron a la opinión pública. La condición de instigadores, Tienen ser incorporados en la indagación “, dijo. En diálogo con Correo, el penalista considerado que la denuncia contra Merino carece de la tipicidad de los hechos, pues debe acompañarse con pruebas o indicios y no solo dichos.

“En el caso de la denuncia de la Fiscal de la Nación no existe absolutamente nada sobre el particular, es más, creo que esa denuncia no va a prosperar en el Congreso “, sostuvo.

Finalmente, calificó la denuncia constitucional que presentó Zoraida Ávalos contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y otros como una “denuncia política” que en el ámbito judicial no prosperará porque no hay elementos de convicción que puedan configurar un tipo penal.