La congresista Margot Palacios (Perú Libre) defendió al presidente Pedro Castillo, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recordando los acuerdos que se realizaron en el gobierno de los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García para “entregar una salida al mar a Bolivia.

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“Alberto Fujimori y Alan García, sin consulta al pueblo, entregaron a Bolivia salida al mar por territorio peruano, quienes sí firmaron convenios y eso hay que recordarles. De lo que se trata (...) es de justificar un golpe de Estado dándole una apariencia de constitucionalidad para ese propósito”, sostuvo la parlamentaria de Perú Libre.

En esa línea, señaló que la oposición ha “tenido que depurar” a varios integrantes de la Subcomisión de Acusaciones para tener votos, y que el informe contra Castillo sea sustentado por alguien que no lo elaboró ni cuenta con la idoneidad en alusión a Diego Bazán (Avanza País).

“No hay un acto Gobierno, él (Pedro Castillo) ha dado una opinión para que el pueblo decida (...) no tomó posición ni como autoridad ni como persona, porque no fue a favor y en contra, por lo tanto, no hay delito”, destacó la legisladora.

Asimismo, reiteró que los que cometieron traición a la patria fueron Alberto Fujimori y Alan García por no consultar con la población la entrega a Bolivia de salida al mar por el territorio peruano.

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“Por lo cual el presidente Castillo planteó una consulta que bien podría hacerse para recuperar la plenitud de nuestros derechos territoriales y anular los convenios y tratados precedentes”, sostuvo.

Correo intentó conversar con la legisladora sobre este hecho, pero no tuvo respuesta. Fuentes de su despacho nos indicaron que Palacios se refirió al convenio Boliviamar firmado en 1992 entre el expresidente Alberto Fujimori con su par Jaime Paz Zamora, a fin de otorgarle una franja de 5kilómetros en la costa de Ilo (Moquegua) por una vigencia de 99 años. Luego, este acuerdo fue ratificado por el expresidente Alan García (2010) junto a Evo Morales, donde se habló de una “zona franca industrial y comercial”.

Cabe destacar que este tratado no daba a Bolivia soberanía sobre la franja, pero si permitía invertir a los bolivianos sin pagar impuestos, además de usar el espacio con fines turísticos.

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