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Más de un centenar de bienes públicos y privados fueron vandalizados durante las movilizaciones violentas registradas entre diciembre del 2022 y enero de este año.
Así lo señalan cifras dadas a conocer por autoridades esta semana tras la visita de observación a Perú por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las propiedades atacadas por turbas o que registran daños a raíz de asaltos se encuentran sedes de instituciones públicas, comercios, empresas y complejos mineros hasta casi una veintena de ambulancias que transitaban en las cercanías de las protestas.
DESPLIEGUE. En su reporte ante la CIDH, la Defensoría del Pueblo reportó 68 hechos graves de violencia, de los cuales 41 estaban relacionados a la destrucción o daño de propiedad pública o privada y 6 referidos a la toma de instalaciones.
A estas cifras se le sumaría el nuevo ataque al centro minero Antapaccay, en Cusco, ocurrido el último viernes luego de un grupo de vándalos irrumpieran en el complejo e incendiaran la Casa Bomba que brinda agua potable a comunidades aledañas.
La mencionada planta de agua, ubicada en la localidad de Espinar, dota de agua a más de 6000 personas.
Un día antes el campamento sufrió la quema de vehículos y sectores de tres edificios.
Asimismo, se registraron interrupciones de tránsito en diversos puntos del Corredor Minero Sur, que conecta minas como Las Bambas, Constancia y Antapaccay con la terminal portuaria Matarani en Arequipa.
De acuerdo con información por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minera Las Bambas no podía trasladar cobre desde el pasado 3 de enero.
Mientras que, en Puno, Minsur, empresa del grupo peruano Breca, decidió detener de manera preventiva las actividades en su mina de estaño San Rafael en la provincia de Melgar. Por su parte, Macusani Yellowcake (filial de American Lithium que explora litio y uranio) detuvo los estudios hidrogeológicos del proyecto de litio Falchani.
Es preciso señalar que, en diciembre pasado, decenas de manifestantes atacaron y saquearon la planta de la empresa Gloria ubicada en el sector Alto Siguas, en la región Arequipa. Un hecho similar ocurrió esta semana con un local del supermercado Plaza Vea de Juliaca, en Puno. En imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo desconocidos retiran del comercio diversos productos, aprovechando las manifestaciones contra el Gobierno.
En lo que concierne a daños en terminales aeroportuarias, se identificó, en Puno, la destrucción de 300 metros del cerco perimétrico, cuatro forados en la pista número 30 y otros cuatro forados en las paredes del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac.
Ello, tras las violentas protestas y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que dejó como saldo el fallecimiento de 17 personas.
El pasado miércoles se produjo un intento de toma del aeropuerto internacional Juan Velasco Astete, en el Cusco. El hecho dejó un saldo de un muerto y 34 heridos.
MÁS REPORTES. Asimismo, de acuerdo a la información brindada a la CIDH, se produjeron 24 ataques a sedes del Ministerio Público (MP) y 10 a locales del Poder Judicial (PJ).
Respecto a los primeros hechos, en diciembre pasado, cuando un grupo de personas atacó las sedes del Ministerio Público de las provincias de Huancavelica y Angaraes, provocando incendios y destrozando las infraestructuras.
Los actos de violencia dejaron como saldo destrucción de puertas de ingreso, quema de documentos, sustracción de muebles y equipos informáticos, así como el destrozo de los vidrios de las ventanas de los mencionados locales.
Por otro lado, en Camaná, Arequipa, otra sede del MP fue atacada por un grupo de manifestantes quienes agredieron a los agentes de la Policía con piedras y palos a fin de poder ingresar al local.
Estos hechos no fueron ajenos en la capital. El 12 de diciembre, un grupo de personas, que ocultaba su rostro para desplazarse, atacó a pedradas la fachada de la sede principal de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay, en Cercado de Lima.
En tanto, los daños reportados a sedes del PJ se registraron en regiones como Ayacucho (Módulo Penal de Huanta, el local El Progreso, frontis del local central, la Oficina de Requisitorias, entre otros); Puno (sede central y el local de El Collao-Ilave); y, Apurímac (sedes Chincheros, el Módulo de Familia y de Trabajo de la provincia de Abancay, el Módulo Penal de Andahuaylas, además de tres carros y tres camionetas).
En Huancavelica, se registraron ataques a la sede central y el local de los Chancas; además de Lircay-Angaraes.
Solo esta semana a Central de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó que fueron atacadas 16 sedes de entidades públicas y 13 de entidades privadas, así como 10 bases policiales.
El punto donde tuvo lugar la mayoría de estos hechos fue la región de Puno, con 25 de estos atentados; luego se encuentra la región Apurímac con ocho; Cusco con tres, Tacna con dos y Huancavelica con uno.
En la víspera, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, informó -en RPP- que al menos 19 ambulancias fueron destrozadas durante las movilizaciones en os últimos días.
