Siete meses después de su detención en los Estados Unidos (EE.UU.), el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, en Breña, estuvo a un paso de ser expulsado del país norteamericano y entregado al Perú para que enfrente a la justicia. Sin embargo, una medida legal frustró su llegada.
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En efecto, la mañana de ayer, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que las autoridades estadounidenses -las que ya le habían negado el asilo político al allegado del golpista Pedro Castillo- habían dispuesto la deportación de Sánchez Sánchez a nuestras tierras. Incluso se adelantó que llegaría al Grupo Aéreo Número 8.
Incluso el ex fiscal supremo Tomás Gálvez, abogado de Alejandro Sánchez, hasta confirmó, en diálogo con a RPP, que su patrocinado arribaría ayer a suelo peruano.
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REVÉS
Sin embargo, una medida cautelar interpuesta por la defensa del propietario de la casa de Sarratea -en la que Pedro Castillo sostenía reuniones clandestinas- frustró su entrega al Perú.
Dicho recurso se presentó ante la justicia norteamericana y suspendió la deportación de Sánchez, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 30 meses por el caso conocido como “Gabinete en las Sombras”, en el que está involucrado.
Las autoridades norteamericanas deberán ahora revisar la cautelar, para lo cual tienen un plazo de 15 días.
Pese a esto, no se descarta que su retorno a nuestro país ocurra en los próximos días, pues el recurso de su defensa puede resolverse antes del mencionado lapso.
El exsocio del golpista Castillo fue detenido a principios de setiembre del año pasado por la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos, luego de intentar cruzar irregularmente la frontera sur con México, en la localidad de Eagle Pass.
Sánchez se encuentra investigado por el delito de tráfico de influencias. Según las indagaciones fiscales, Castillo habría utilizado la casa de Sarratea para funciones presidenciales en los comienzos de su administración.
