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El Ministerio Público continuó con el interrogatorio de dos testigos en el juicio oral contra el excongresista Michael Wilson Urtecho y su esposa, Claudia Gonzales, acusados de apropiarse de parte de los haberes de los trabajadores de su despacho congresal en los años 2006 y 2013.
En interrogatorio realizado por el fiscal adjunto supremo Iván Quispe Mansilla, la testigo Elvia Urbina indicó que los acusados le pagaban S/ 400 por tareas domésticas. Incluso, ellos manejaban su tarjeta electrónica con la cual el Congreso le pagaba su haber.
Elvia Urbina relató que se enteró de su salario real cuando el banco -que manejaba su cuenta sueldo- le ofreció un préstamo alto. Añadió que se sorprendió porque con su haber de S/ 400 era imposible cancelar el crédito; sin embargo, el banco le informó que ganaba S/ 4000 mensuales.
La abogada Jessica Flórez, otra testigo en el juicio oral contra Urtecho y Gonzales, por presunto delito de concusión, dijo que tenía intención de apoyar casos sociales con dinero de su sueldo. Urtecho le pidió que lo deposite a su cuenta para ayudar a personas necesitadas.
Flórez indicó que solo le constan los agradecimientos que llegaban al despacho del exlegislador sin mencionar el tipo de ayuda que habrían recibido, ya sea en forma monetaria o de otro tipo. Negó que el dinero que aportó fue dádiva para Urtecho ni para aumentar su patrimonio.
La fiscalía sostiene que entre el 2006 y 2013, Michael Urtecho, con la colaboración de su cónyuge, indujeron a siete trabajadores de su despacho congresal a entregar parte de sus remuneraciones para obtener sus contratos de trabajo o renovarlos.
El representante del Ministerio Público añadió que Urtecho Medina tuvo un desbalance patrimonial de 1.800.000 soles. Por ello, solicitó 24 años de pena privativa de la libertad contra el exparlamentario.
Cabe indicar que Michael Urtecho obtuvo una curul en el 2006 con Unidad Nacional y fue reelecto en el 2011 con Alianza Solidaridad Nacional, en ambas ocasiones representando a La Libertad.
En el 2013 fue desaforado por dos acusaciones: recortar del 2006 al 2013 sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de cuatro de sus trabajadores en el Parlamento (también se quedó con el 100% de sus asignaciones por refrigerio) y adueñarse de donaciones de una ONG para discapacitados de la cual fue miembro.
