:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/YRRMFW246JCDVG5UTJRXTSZS5I.jpg)
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el excongresista Michael Urtecho Medina y su esposa, Claudia Gonzales, ambos investigados por enriquecimiento ilícito, concusión y lavado de activos.
MIRA: Presidenta del Congreso propone a Mirtha Vásquez que reunión de coordinación se realice el lunes 18 de octubre
Según la decisión judicial, se evidencia la existencia del peligro de fuga y obstaculización de la actividad probatoria, con lo cual la medida resulta “idónea”, pues permitirá asegurar los fines del proceso, “evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia de los acusados durante el juicio oral, en caso opten por salir al exterior”.
La fiscalía sostiene que entre el 2006 y 2013, Michael Urtecho, con la colaboración de su cónyuge, indujeron a siete trabajadores de su despacho congresal a entregar parte de sus remuneraciones para obtener sus contratos de trabajo o renovarlos.
El representante del Ministerio Público añadió que Urtecho Medina tuvo un desbalance patrimonial de 1.800.000 soles. Por ello, solicitó 24 años de pena privativa de la libertad contra el exparlamentario.
Cabe indicar que Michael Urtecho obtuvo una curul en el 2006 con Unidad Nacional y fue reelecto en el 2011 con Alianza Solidaridad Nacional, en ambas ocasiones representando a La Libertad.
En el 2013 fue desaforado por dos acusaciones: recortar del 2006 al 2013 sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de cuatro de sus trabajadores en el Parlamento (también se quedó con el 100% de sus asignaciones por refrigerio) y adueñarse de donaciones de una ONG para discapacitados de la cual fue miembro.
MIRA: Jorge Montoya considera que Gabinete no obtendrá el voto de confianza si no hace cambios
El delito de concusión que se imputa a Michael Urtecho se sanciona en el Perú con una pena de 2 a 8 años de cárcel. Y el otro delito imputado, enriquecimiento ilícito, se agrava considerando que fue funcionario público y estuvo sometido a la prerrogativa del antejuicio y acusación constitucional.
Bajo ese lineamiento, la pena contemplada es no menor de 10 ni mayor de 15 años. Los 24 años de prisión efectiva solicitados obedecen a la suma de eventuales penas por los delitos imputados.
SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE
En alianza con:
