Cómico Andrés Hurtado Grados, conocido como "Chibolín", bajo alerta de Migraciones. Será reportado si intenta sallir del país. Fiscalía tramita orden judicial de impedimento de salida.
Cómico Andrés Hurtado Grados, conocido como "Chibolín", bajo alerta de Migraciones. Será reportado si intenta sallir del país. Fiscalía tramita orden judicial de impedimento de salida.

Tras recibir el requerimiento de un órgano competente, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió un alerta informativa nacional ante un eventual intento de salida del territorio de la fiscal superior Elizabeth Peralta Suntur y el comediante Andrés Hurtado Grados, y otras dos personas implicadas en presuntos delitos.

Se conoció el domingo que la alta dirigencia de Migraciones ha puesto en conocimiento de todos los jefes zonales y el personal de los controles migratorios y fronterizos del país el alerta correspondiente.

Esta fue lanzada por el jefe zonal del Callao, Gilmer Rivera Quiñones, “en atención al documento de la referencia”, es decir el Oficio (S/N -Turno) 2024 - (05) -MP-FN- 2DAFSTEDCFP (07SET2024) de la Fiscalía de la Nación.

Migraciones encargó la ejecución de la alerta a Gilbert Fernando Vallejos Agreda, director de la Dirección de Operaciones.

El documento dirigido a los jefes zonales señala que “en atención al documento de la referencia agradeceré se sirvan disponer la difusión a todo el personal a su cargo, Puestos de Control Migratorio y Fronterizo, la alerta informativa registrada en el SIM –DNV de las siguientes personas”:

Liz Elizabeth Peralta Santur,Andrés Avelino Hurtado Grados, Augusto Javier Miu Lei y Franciso Iván Siucho Leiva.

La directiva advierte que si dichas personas intentan salir del territorio nacional, deberán comunicarlo a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía), dice el memorando.

CASO CHIBOLÍN.

El caso que vincula al cómico se refiere a un presunto tráfico de influencias y pago de sobornos a una fiscal de lavado de activos.

El presentador de ‘Sábado con Andrés’ habría recibido un soborno de 1 millón de dólares a cambio de gestionar con una fiscal especializada en delitos de lavado de activos la devolución de 100 kilos de oro incautado a una organización de traficantes de oro.