Ministerio Público rechazó pedido de Pedro Castillo para anular investigación

La investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo Terrones por el caso Puente Tarata -y que dispuso abrir el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez el último 29 de mayo- sigue en curso. Ayer, Sánchez Velarde rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa legal del mandatario con el objetivo de dejar sin efecto la decisión adoptada por el titular del Ministerio Público.

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Así lo confirmó Benji Espinoza, abogado de Castillo, en diálogo con Correo.

“Nos notificaron la disposición Nº 1 que declara infundado nuestro recurso de nulidad, con lo cual nos abre las puertas para presentar el siguiente recurso de tutela de derechos ante la Corte Suprema”, dijo Espinoza.

De esta manera, el Ministerio Público ratificó su decisión de ampliar la investigación contra el jefe de Estado en el caso donde también están comprendidos el exministro de Transportes, Juan Silva y el grupo de seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un puente vehicular sobre el río Huallaga, región San Martin al consorcio Puente Tarata, vinculado a la asesora empresarial Karelim López.

Ello, en base a que la imputación inicial recae sobre el presidente de la República como presunto líder de una organización criminal y, desde una posición de poder, podría afectar a los testigos y/o coinvestigados del caso que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.

Es la primera vez que el Ministerio Público decide investigar a un presidente en funciones por presuntos hechos ilícitos durante su gestión.

Anteriores gestiones de la institución decidieron ampararse en el artículo 117 de la Constitución que señala que al mandatario no se le puede acusar salvo que sea por cuatro delitos.

Estos son: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolución del Congreso (salvo durante el último año de su mandato ni en estado de sitio), impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En el texto constitucional, no se lee el término investigado.

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RÉPLICA. Sin embargo, la postura de la defensa legal del mandatario tiene otra interpretación en la Constitución. Por ello, Benji Espinoza dijo a este diario que interpuso una recurso de tutela de derechos ayer ante el juzgado supremo de investigación preparatoria, que dirige el magistrado Juan Carlos Checkley Soria. con el fin de insistir con la nulidad de la disposición fiscal que incorporó a su patrocinado en el caso Puente Tarata.

Espinoza espera que esta semana el Poder Judicial convoque a la audiencia para evaluar y resolver su pedido.

“En el juzgado supremo, se discutirá los alcances del artículo 117 de la Constitución. Nosotros sostenemos de que la acusación se extiende a la investigación y, por tanto, no se puede investigar al mandatario”, precisó.

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto citar al presidente Pedro Castillo para el próximo lunes 13 a las 10 de la mañana para que declare como investigado.

La defensa de Castillo espera que el juzgado resuelva antes de tomar una decisión sobre la cita fiscal.

Vale señalar que, en caso el juzgado ratifique la decisión de la Fiscalía, la defensa de Castillo puede apelar e insistir ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

DILACIÓN. El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a Correo que la decisión del Ministerio Público respecto a denegar el recurso de nulidad del presidente Pedro Castillo significa “la vigencia de la investigación en su contra”.

“Por tanto, las diligencias en curso continúan. Y mientras el juez de tutela no declare nula la investigación, el presidente deberá cumplir con la citación respectiva ante la Fiscalía de la Nación”, sostuvo Lamas a este diario.

Dijo que en caso Castillo no acuda a la citación y pide reprogramación, podría verse como un acto de obstaculización al proceso.

En esa línea, cuestionó la actitud del jefe de Estado por -dijo- no colaborar con las investigaciones.

“Si vemos en su conjunto la actitud del presidente Pedro Castillo, su negativa a presentarse a las diligencias, solicitar por escrito las preguntas (ante una fiscalía de lavado de activos), considero que hay un intento de dilatar las investigaciones. Quien más debería colaborar en este caso es el presidente”, remarcó Lamas.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión, explicó que la diligencia programada por la fiscalía puede ser reprogramada a pedido de la defensa de Castillo si así lo cree conveniente. “Puede reprogramar la citación o solicitar a la Fiscalía que le manden el pliego de preguntas. Si la diligencia es presencial sería en la sede de Palacio de Gobierno, en atención a la prerrogativa que cuenta el presidente como alto funcionario”, dijo el abogado.

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