Luis Jiménez Borra, ministro de Justicia, señaló que el Gobierno ejecuta un plan nacional de deshacinamiento en los centros penitenciarios debido a la saturación de internos.
Según señaló, un equipo del Instituto Nacional Penitenciario se encuentra elaborando expedientes que serán enviados al Poder Judicial para su evaluación.
“En cuanto a lo primero, este plan se está ya ejecutando. En este momento ya hay un equipo de abogados del Instituto Nacional Penitenciario que están trabajando con la rendición de los expedientes para poder preparar un primer bolsón y ser remitidos al Poder Judicial”, declaró a Canal N.
El ministro indicó que el plan se extiende hasta 2028 y que la actual administración dejará directrices para que la próxima continúe con su ejecución.
“Este plan tiene como horizonte el año 2028. Quiere decir que le vamos a dejar al gobierno que asuma en unos meses este plan para que ellos puedan continuar y si desean a bien potenciarlo, pero que no se vaya a quedar simplemente en una gestión de unos meses. Pero estamos dejando esa hoja de ruta”, indicó.
Jiménez Borra señaló que cerca de 24,739 internos podrían incluirse en esta medida, aunque cada caso pasará por evaluación del INPE y del Poder Judicial antes de determinar su situación.
Asimismo, señaló que se está elaborando un decreto supremo que permitirá aplicar medidas en casos de omisión de asistencia familiar.
El titular del sector Justicia afirmó que no se permitirá la liberación de internos considerados peligrosos y precisó que los beneficiarios potenciales son aquellos condenados por delitos culposos o de menor gravedad.
En ese sentido, aclaró que crímenes como homicidio, sicariato, extorsión y terrorismo quedan excluidos del proceso de evaluación del plan.
“Los penales tienen que estar los que tienen que estar. Y hay personas sobre las cuales se pueden ejercer medidas alternativas de sanción”, manifestó.
