El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dispuso a través de en la resolución ministerial 1851-2024-IN que el comandante PNP Segundo Ocampo Aguirre, presuntamente involucrado en las muertes de las protestas registradas en Juliaca (Puno) entre diciembre de 2022 y febrero 2023, obtenga un ascenso excepcional por haber participado en el Baguazo de 2009.
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Cabe precisar que el Baguazo fue un conflicto que enfrentó a la Policía Nacional del Perú y a diversas comunidades indígenas, que dejó 33 personas muertas.
Según el documento al que accedió el diario La República, el Mininter destaca las acciones policiales que ejecutó aquella vez la policía al mando de Segundo Ocampo Aguirre para restablecer el orden público en las zonas que tomadas por las comunidades indígenas que protestaban por la irregular implementación del Tratado de Libre Comercio.
La resolución difundida por dicho diario señala que, mediante dictamen 3541-2009, elaborado por la asesoría jurídica de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP expresa que es decisión del comando policial si decide otorgar un beneficio a un agente.
Cabe precisar que en julio de este año, el Ministerio Público formalizó dos nuevas investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, específicamente en las regiones de Puno y Apurímac.
A decir de la Fiscalía se tratan de casos sobre delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.
Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional presentó este año un informe de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023, en el que 50 personas y un policías murieron y más de 1,400 resultaron heridas. La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, según la organización que, además advierte que hubo “ejecuciones extrajudiciales”.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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