Una denuncia contra Dina Boluarte y otras autoridades peruanas por las muertes de 49 ciudadanos durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 llegó a la Corte Penal Internacional.
A través de un comunicado conjunto, los denunciantes aseguran que solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a las autoridades peruanas presuntamente implicadas en los hechos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos.
Respecto a ello, el ministro de Educación Morgan Quero y el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes, cuestionaron dicha denuncia presentada contra la mandataria.
“Nosotros estamos a favor de que se fortalezca el estado de derecho, pero ante las instancias internacionales consideramos que es importante que los peruanos seamos capaces de resolver la diferencias políticas entre nosotros, afirmando siempre nuestra soberanía nacional”, sostuvo Quero a Canal N.
“Queremos invitar a los actores políticos del país a que podamos hacer un trabajo más bien de debate y diálogo político, como es el tipo de reuniones que ha tenido la señora presidenta constitucional con los diferentes partidos políticos, para plantear una serie de caminos que nos permita encontrar un espacio de diálogo y de convergencia”, agregó.
Por su lado, el titular de Transportes afirma que no hubo ninguna “instrucción directa o indirecta” ni de la mandataria, ni otra autoridad.
“Tenemos muy claro las facultades presidenciales. La presidenta ha dejado en claro que nosotros hemos actuado de acuerdo en ley, no ha habido ninguna instrucción directa o indirecta ni de la presidente ni de nadie, respecto a actos de violencia. Se ventiló en los foros nacionales y creemos que debería cerrarse también a nivel internacional”, manifestó Pérez Reyes al referido medio.
“Es importante que se entienda que el estado de derecho es un componente importantísimo en la democracia. Si algún miembro de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas cometió un exceso, la Fiscalía está siendo una investigación para determinar al responsable, pero lo importante es quitarle el componente político”, concluyó.
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