El recién estrenado Gabinete Ministerial inicia sus funciones con más de un investigado en su haber. Hasta el momento, según consignaron en sus declaraciones juradas, los flamantes ministros del presidente José Balcázar suman diez investigaciones en la Fiscalía.
Nuevos rostros
El ministro del Interior, Hugo Begazo, enfrenta una investigación por la presunta falsificación de un documento público. El caso se tramita en el Juzgado Unipersonal de Lima Este.
Al general PNP en retiro se le imputa “firmar una declaración jurada a favor del saneamiento de un terreno de la comisaría de Santa Anita”. Esto cuando se desarrollaba como jefe de una región policial, según detalló.
El ministro de Economía, Gerardo López, fue más escueto. En su declaración jurada marcó que no enfrenta ninguna investigación, sin embargo, aseguró que tiene “conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado”.
“Al no tener dicha información en detalle, al momento de la firma del presente, la consignaré (posteriormente)”, indicó.
Asimismo, el ministro de Defensa, Luis Arroyo, brindó información imprecisa. Si bien consignó un “proceso tribunal militar”, marcó los casilleros “en trámite” y “con archivo o sobreseimiento”.
Figuras repetidas
Entre los que vienen del periodo anterior, una investigada es la recién juramentada premier Denisse Miralles, quien sorpresivamente asumió el cargo pese a anunciarse horas antes al economista Hernando de Soto.
Miralles enfrenta una investigación preparatoria en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental con sede en Chanchamayo. Esto por hechos relacionados a su pasada labor como directora de Portafolio de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Sobre ese caso, el 8 de agosto de 2025 se aceptó su solicitud para que el Estado financie su defensa legal. En el oficio, la premier se comprometió a devolver el dinero.
A la exministra de Economía se suman otros dos colegas suyos con los que compartió el gabinete en la gestión del expresidente José Jerí.
El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, reportó una investigación por presunta omisión de denuncia y colusión ilegal.
De igual modo, el ministro Wilder Sifuentes, al frente del Ministerio de Vivienda, reúne hasta cinco investigaciones, dos de ellas por presuntas “formas agravadas de usurpación”; una por defraudación; otra por negociación incompatible y, finalmente, una por contaminación ambiental.
Entre tanto, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, protagoniza una investigación por presunto genocidio y otros. Los antecedentes se remiten a las muertes en las protestas en el mandato de Dina Boluarte cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo Agrario y Riego.
