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La situación legal de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, podría complicarse a días de su salida del Parlamento, debido a que aprobó resoluciones para el aumentó de sueldo a diversos funcionarios de su entorno, pero que laboran en el Servicio Parlamentario y son nombrados.
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Según el informe que elaboró este medio, entre los beneficiados se encuentra el oficial mayor del Congreso, Yon Pérez, así como la jefa de Recursos Humanos, Marisol Rebata Guerra.
Correo entrevistó a César Aliaga Castillo, especialista en derecho parlamentario y exjefe de asesores de la Presidencia del Congreso, quien nos explicó que la presidenta del Congreso no puede modificar el Cuadro de Asignación de Personal ( CAP) de forma unilateral y otorgar aumentos a dedo.
“Es competencia del Consejo Directivo de conformidad con el artículo 30 del Reglamento del Congreso y la Ley 30647. Este tipo de acciones no pueden realizarse de forma oculta y exprés faltando pocos días para que culmine este Congreso. Un procedimiento de recategorización salarial debe ser debe ser meritocrático, transparente, público y general, para que así puedan participar por igual los 1180 trabajadores del Servicio Parlamentario y no solo para beneficiar al círculo de funcionarios de la gestión de turno”, explicó el especialista.
Asimismo, dijo que la Mesa Directiva del Parlamento (2018) anuló, por ejemplo, el nombramiento de más de 100 personas porque no cumplían con los requisitos legales.
“Por ello, la actual Mesa Directiva tiene la obligación de corregir esta situación antes que cese en sus funciones”, sostuvo.
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Al ser consultado sobre la responsabilidad que generaría estos actos, el especialista en derecho penal Felipe Salas Zegarra opinó que las acciones de Mirtha Vásquez es similar a las acciones por las que el Ministerio Público ha abierto investigación penal al exmandatario Martín Vizcarra; es decir, supuestamente usar sus influencias para favorecer los intereses de terceros con perjuicio a los recursos públicos del estado.
“Podrían configurarse los delitos de peculado por apropiación para tercero, negociación incompatible y tráfico de influencias, los cuales están tipificados respectivamente en los artículos 387, 399 y 400 del Código Penal. Es importante destacar, que debido a que estos actos ya son de conocimiento público, la actual Mesa Directiva debe corregirlos sino podrían incurrir en la figura de complicidad de dichos supuestos delitos y además en el ilícito de omisión de funciones”, remarcó Salas Zegarra.
